Las farmacias involucradas en la concertación de precios de medicamentos deben recibir grandes sanciones, no solo para que estas empresas no lo vuelvan a hacer sino también para que otras empresas no se vean motivadas a hechos similares, señaló el presidente de la Confiep, Martín Pérez.

“Nuestra posición es de absoluto rechazo a las prácticas de concertación de precios, en absoluto. Los que creemos en el libre mercado pensamos que esto es una puñalada en el corazón del libre mercado y esto no tenemos que permitir”, declaró.

En diálogo con RPP Noticias, mencionó que la sanción a las empresas involucradas tiene que ser “tan grande” para que estas empresas no vuelvan a incurrir en actos similares. más adelante.

“Pero también para que otros que están haciéndolo o piensen hacerlo, también se desistan”, subrayó.

Indicó que si no se aplica una “multa enorme” a estas farmacias entonces se generará un “estímulo perverso”.

“Cuantas veces hemos visto, incluso hasta en los partidos políticos, que se aplican multas chiquitas, entonces no les importa que las multen. No, la multa tiene que ser tan grande que tienen que desistir”, aseveró.

Ley antimonopolio
Consultado sobre la necesidad de una ley de control de fusiones de empresas en el Perú, manifestó que el país aún no se reencuentra ni con la inversión privada o el crecimiento económico como para pensar en una norma de este tipo.

“En el mundo, la tendencia es ir hacia una ley de control de fusiones pero lo que hay que ver cuál es el mejor momento, quizás dentro de un año, en ocho meses o dentro de dos años”, refirió.

Pérez explicó que los promotores de esta ley sostienen que es un requerimiento para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) pero eso no es cierto.

“Es más, hay países de la OCDE que no tienen (esta ley)”, anotó.

Agregó que al sector privado en general en el Perú se le suben los estándares y los códigos de cumplimiento inmediato como requisito para acceder a dicha organización, lo cual puede demorar muchos años.

“No tenemos la institucionalidad de un país de la OCDE, no tenemos la flexibilidad laboral de un país de la OCDE, no tenemos la infraestructura de la OCDE pero lo que quieren es que, de forma inmediata, tengamos los códigos y estándares de los países de la OCDE, eso va a generar un menor nivel de competitividad también al país entonces tenemos que ver cómo ir paso a paso”, dijo.