Desde el año 2009 son varios los proyectos de ley presentados por congresistas que buscan fijar límites a la propiedad de las tierras agrícolas. El tema estaba congelado por más de un año. Pero la semana pasada, de forma casi silenciosa, en la comisión Agraria del Congreso se inició el debate de un proyecto respaldado por los congresistas Wilder Ruiz y José León.

El proyecto fija un límite de posesión de 10,000 hectáreas en tierras bajo riego ubicadas en la costa, 5,000 hectáreas en tierras bajo riego ubicadas en la sierra y 20,000 hectáreas en tierra bajo riego ubicadas en la selva.

Asimismo, plantea que ningún valle o cuenca puede acumular más de un 30% de tierras con aptitud agrícola una sola persona natural y jurídica. De igual forma, el Estado garantizaría el derecho de propiedad sobre tierras adquiridas antes de la promulgación de la presente ley y el proyecto de ley exonera a las comunidades campesinas y nativas.

La sesión de la comisión Agraria se realizó el último martes. En ella, los parlamentarios Yehude Simon, Claudia Coari, Manuel Merino y Virgilio Acuña, propusieron que el proyecto de ley se vote en una próxima sesión, para agregar algunas propuestas e informes de los integrantes de dicho grupo de trabajo.

Al respecto, la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), advirtió que una medida de este tipo generaría efectos adversos de manera inmediata. Refiere que de imponerse límites a la propiedad agrícola, se desaprovecharían las economías de escala que la acumulación de tierras representa, lo que llevaría a una disminución en la productividad y competitividad que tanto esfuerzo le ha costado obtener al sector en los últimos veinte años.

“Por ejemplo, es mejor que una gran empresa posea 50,000 hectáreas, las cuales equipará con tecnología de punta y brindará empleo a muchos trabajadores, en lugar de que haya 5,000 agricultores con 10 hectáreas cada uno. La primera producirá mucho más que los agricultores en una misma extensión territorial, con mejores salarios y mayor productividad”, sostuvo Comex.

Agregó que el simple hecho de que se considere la posibilidad de limitar la propiedad es un desincentivo a la inversión, porque genera incertidumbre y atenta contra el derecho a la propiedad, más aún en un sector como el agro, que ya enfrenta factores algo impredecibles como el clima.

“Con esta iniciativa el sector volvería a las épocas de la Reforma Agraria, lo que la llevó al subdesarrollo. Si lo que desea el Congreso es ayudar a los pequeños agricultores, existen otras formas, como mejoras en infraestructura, créditos para implementación de tecnología, capacitación, etc. No se debe ‘intentar ayudar’ a unos en perjuicio de todo el sector”, apuntó Comex.