Controlarán a 4,417 empresas que comercian insumos químicos

La ley que controla la venta al narcotráfico data del 2004, pero a la fecha solo hay un condenado por haber desviado estos productos a actividades ilegales. Tania Quispe, jefa de la Sunat, anunció que desde el 1 de junio comenzará la fiscalización con un registro basado en un software especial.

<b>En la mira.</b> Con la norma actual todos los combustibles son fiscalizados (Foto: USI)
En la mira. Con la norma actual todos los combustibles son fiscalizados (Foto: USI)

Julio Lira Segura
jlira@diariogestion.com.pe

Luis Hidalgo Suárez
lhidalgos@diariogestion.com.pe

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Las empresas productoras, importadoras y comercializadoras de insumos químicos y bienes fiscalizados (IQBF) que se encuentran actualmente listadas en el respectivo registro de la Sunat, cuyo número asciende a 4,417, serán controladas y fiscalizadas a partir del 1 de junio próximo (en Lima y Callao y a partir de julio a nivel nacional), informó Tania Quispe, jefa de dicha superintendencia.

“Habrá un empadronamiento de los inscritos en el registro para verificar qué hacen, quiénes son, qué actividad relacionada a los IQBF están realizando”, precisó, para lo cual a partir del 1 de junio de este año la Sunat pondrá en operación su propio registro que está basado en software especial.

También advirtió que el 45% (1,050) de las empresas inscritas en Lima y Callao no ha renovado el permiso para el traslado de IQBF, por lo que están en riesgo de poder ejercer esta actividad.

La inscripción se iniciará según un cronograma que será aprobado este mes. La fiscalización abarcará a todos los agentes de la actividad productiva y comercial relacionada a los IQBF (producción, fabricación, preparación, envasado, reenvasado, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución, transformación, utilización y prestación de servicios), detalló.

Desvíos
La hipótesis que maneja la Sunat es que los IQ que ingresan al país y van al narcotráfico no vienen por contrabando sino que hay un desvío de estos en la cadena de comercialización, según un estudio de las Naciones Unidas que refirió la Sunat.

El 85% de toda la importación de los IQBF ingresa por el puerto del Callao, por la vía formal, pero en algún momento se desvían hacia actividades ilegales y la tarea de la Sunat es justamente fiscalizar toda la cadena de producción y comercialización de los IQBF.

Quispe precisó que las empresas formales que producen o comercializan IQBF no son el problema, porque ya están fiscalizadas por Sunat. “Es posible que los IQBF estén llegando a las zonas de producción de cocaína (Vraem) a través de personas naturales”, dijo.

Etapas
La fiscalización de los IQBF será en tres etapas: previa, concurrente y posterior.

Para el control previó, el software especializado para el registro de empresas vinculadas a los IQBF, que estará operativo a partir del 1 de junio de este año, exigirá un perfil similar al que se exige para el RUC.

El registrado también debe indicar qué hace con el IQBF; la cantidad de este que va a manejar. Incluso a quién le piensa vender, en cuyo caso debe asegurarse de que sea una empresa (industrial) registrada en este software.

El control concurrente se hará en cada una de las etapas de la comercialización de IQBF, para lo cual la Sunat exigirá una guía de remisión electrónica (emitida por la Sunat), en la cual se detallarán todas las características de la mercancía que se traslada; también se exigirán las autorizaciones debidas.

Ambas deberán presentarse en cada punto de control de las Rutas Fiscales. Estas últimas serán determinadas en dos semanas por el MTC. También se exigirá a los transportistas contar con GPS. La Sunat está trabajando con la Marina y el Osinergmin para concretar esa exigencia.

Luego viene el control posterior, en el que se realizará el cruce de información a fin de detectar las inconsistencias, en cuyo caso se procederá con las auditorías especializadas a esas empresas.

A aquellos que transporten los IQBF fuera de las Rutas Fiscales se les incautará la mercadería, el vehículo y se los denunciará ante la Fiscalía (por transporte ilegal de IQ o, incluso, por narcotráfico), donde tendrán que probar que no han cometido esos delitos.

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