El camino correcto debió ser la licitación de los cinco lotes petroleros ubicados en Talara y no la extensión de los contratos de concesión como dictaminó el Gobierno, opinó Daniel Saba, expresidente de Perupetro e investigador de CENTRUM-Católica.

Los lotes en mención (II, III, IV, VI y VII) están en plena producción y las compañías se hubieran desesperado por tenerlos. Saba lo dijo: “Las empresas están deseosas de participar en lotes con reservas. El riesgo es alto cuando no se conoce el lote y nunca se ha perforado. Pero en un lote con petróleo saliendo, el riesgo baja mucho. Una licitación hubiera interesado a muchas empresas”.

Pero si Perupetro decidió renovar los contratos a las empresas InterOil, Sapet y Petrolera Monterrico, el asunto tampoco es tan fácil. Según Saba, la continuidad de las empresas debería estar sujeta al pago de un monto inicial por derecho a explotar y una inversión adicional suficiente. “De las empresas que están operando allí, algunas son buenas y otras no han invertido demasiado. No se sabe si con esta renovación van a invertir más”.

Comparación a ciegas
Perupetro argumentó que su decisión responde a que el Perú recibiría 129 millones de dólares más en regalías que otras opciones evaluadas. Saba calificó de “deleznable” esa evaluación.

“No veo contra qué ha comparado esas regalías. Si ha comparado con el reglamento que dice 5%, está mal, porque esas no son las regalías que se obtienen en una licitación. En las licitaciones que hice durante mi gestión tuvimos regalías de 32% en promedio”.

¿Por qué Perupetro insistió en renovar las concesiones? “Entiendo que hay una cierta desesperación por captar algo, porque son tres años del Gobierno y no tienen ningún contrato. Ese es un indicador de gestión pobre. Hay otros factores como los temas sociales y la consulta previa, pero de todas maneras no se ha avanzado nada”, respondió Saba.

Él no cree que la participación de Petroperú haya sido un factor determinante, puesto ello también se pudo obtener vía licitación. Quizá pudo influenciar el arbitraje que una empresa (InterOil) le hizo al Estado, pero aun así no es justificable. “A nosotros (cuando era titular de Perupetro) también nos presionaron, pero no le dimos la extensión”.