Dictan medidas para evitar filtraciones en programas sociales

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene 120 días calendario para evaluar la Metodología de la Determinación de Clasificación Socioeconómica.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estableció los mecanismos de intercambio de la información social con las entidades a cargo de la administración de las bases de datos que conforman el Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS), con la finalidad de mantener un Padrón General de Hogares actualizado, que servirá de apoyo a los programas sociales, así se publicó hoy en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

A través de ello se realizará el control de calidad de la información y de la documentación recabada para determinar la clasificación socioeconómica, con el objeto de detectar casos de filtración, sub-cobertura y fraude, para lo cual formulará, implementará y hará seguimiento a un Plan Anual de Auditorías de Calidad de la Información y de la Documentación.

Asimismo, indican que la Metodología de Determinación de la Clasificación Socioeconómica, será revisada como máximo cada tres (3) años, por la Dirección General de Gestión de Usuarios, del Midis.

“De considerarse pertinente su modificación como producto de dicha revisión, solicita a la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza y otros indicadores relacionados en el país”, establece la norma.

El Midis, a través de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, tiene un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario para evaluar la Metodología de la Determinación de Clasificación Socioeconómica y de los procesos involucrados, con la finalidad de fortalecer la política de focalización de hogares y sus instrumentos.

En las medidas complementarias se dispone que el Midis un plazo no mayor a treinta (30) días calendario de publicada la presente resolución, propone los mecanismos de intercambio de información electrónica que permitan el almacenamiento, la confidencialidad e integridad de la información para la determinación de la clasificación socioeconómica, incluyendo los instrumentos técnico legales para su implementación.

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