La próxima semana el Congreso debatirá la posibilidad de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en temas económicos. Entre las propuestas adelantadas por el gobierno figuran impulsar un mayor destrabe de trámites burocráticos que aceleren las inversiones en diversos sectores.

Al respecto, el economista Pablo Secada destacó que estas medidas ayudarán a impulsar el Plan de Diversificación Productiva. Refirió que en los últimos meses el Estado ha trabajado mesas de coordinación con el sector privado sobre actividades como la acuicultura, textil-confecciones, forestal y negocios culturales.

“En todas estas mesas se están identificando trabas. Y todas las trabas identificadas se están incluyendo en el pedido de facultades para hacer cambios legales”, indicó Secada, economista Jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

El analista subrayó que las normas que se emitan en el marco de las facultades legislativas podrían generar efectos en el corto plazo. “Sacas la ley y el reglamento y el acuicultor o confeccionista al día siguiente tiene las reglas que quería y puede producir mejor”, anotó.

Agregó que las normas para destrabar inversiones también estarán dirigidos a los sectores infraestructura, derechos de propiedad y acceso a mercados. “De todo este proceso saldrá un aumento de producción de actividades que ya existen y producción de actividades que no eran rentables con las condiciones previas”, apuntó.

Por su parte el economista de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), César Peñaranda, también refirió que el sector empresarial ve “con buenos ojos” el pedido de facultades del gobierno.

“Unos de los ejes del Plan de Diversificación Productiva es eliminar las barreras burocráticas y con las facultades legislativas se apuntará a ello, los cual impulsará las inversiones y mejorará la productividad de las empresas”, sostuvo.

Riesgos con el rol del Estado
César Peñaranda también aclaró que si bien en el marco del Plan de Diversificación Productiva el Estado debe trabajar para destrabar los trámites burocráticos, en ningún momento debe ponerse como objetivo definir qué actividades se deben impulsar.

“El Estado no debe perder tiempo y recursos en definir dónde se deben hacer las inversiones. Son los propios agentes económicos privados los que tienen que decidir dónde invertir”, apuntó el analista.