Han pasado 76 días desde que el Poder Ejecutivo publicó el decreto de urgencia que encargó al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) la selección y contratación directa de un administrador de los bienes del proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que antes estaba a cargo de la constructora Odebrecht.

Se tendrán que esperar cuatro días más para elegir a la empresa que tendrá a su cargo la administración del GSP y sus bienes, ya que la adjudicación de la buena pro del proceso fue postergada hasta el 21 de abril.

En esta pugna participan las empresas Estudios Técnicos Stock Perú S.A.S., Soluciones de Ingeniería y Mantenimiento S.L. (SIM S.L.) y Stork Perú S.A.C.

Mientras dure la labor del administrador, el Poder Ejecutivo estará enfocado en convocar un nuevo proceso de concesión del GSP pero del cual no se tienen muchas novedades, ya que ni el Ministerio de Energía y Minas (MEM) o la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) han dado señales del nuevo proceso.

La situación se complica si se recuerda que el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, había dicho el 21 de febrero que en “nueve meses se iba a tener a un nuevo concesionario”: http://gestion.pe/economia/gasoducto-sur-tamayo-dice-que-habra-nuevo-concesionario-nueve-meses-pedido-ppk-2182717 del GSP pero ya han pasado casi dos meses y nada ha ocurrido.

El panorama se complica si se tiene en cuenta que los servicios de administración de los bienes del GSP tendrán un plazo de 360 días calendario, computados a partir del día siguiente hábil de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

En ese sentido, en el mejor de los casos recién en un año se tendrá definido al nuevo concesionario del GSP, siempre y cuando el proceso de concesión avance de manera acelerada.

Por otro lado, el costo referencial del servicio asciende a US$ 75’616,603.11, incluidos todos los costos por tributos, seguros correspondientes al Administrador exigidos en este servicio, transportes, inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la legislación vigente.

Según las bases del proceso, el Osinergmin no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

Según el decreto de urgencia que dio origen a este proceso, los gastos que demande la contratación del administrador del GSP se financiarán con el importe resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento que pagó Odebrecht.