La asociación global del ecosistema móvil, conocida como GSMA, expresó su preocupación por el Decreto Legislativo N° 1338, aprobado por el gobierno del Perú, que crea “el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles”, ya que esta medida podría ocasionar un impacto negativo en cientos de miles de peruanos que podrían quedarse sin servicio móvil y con sus teléfonos móviles inutilizados.

El decreto ordena la creación de una “lista blanca” de teléfonos móviles en Perú y los dispositivos que no estén registrados en dicha lista, así como aquellos que tengan un código de identificación (IMEI) considerado inválido o repetido, serán inutilizados y el servicio móvil del usuario será suspendido.

Para la GSMA, no existen evidencias a nivel internacional de que la aplicación de “listas blancas” locales funcione. “En cambio, puede afectar la libre circulación de bienes, la calidad del servicio y el derecho de propiedad de los consumidores”, añadió.

“Las listas blancas y/o los registros de dispositivos móviles no han sido diseñadas para combatir el hurto de terminales, ya que esta es una función exclusiva de las listas negras, que agrupan a aquellos terminales que se ha reportado como robados”, agregó.

La GSMA recordó ha trabajado con la industria móvil y los gobiernos de más de 100 países para luchar contra el robo de celulares.

“Y en los pocos países donde se implementaron listas blancas, no hubo evidencia de un impacto positivo en términos de disminuir los niveles de robo”, aseguró Sebastián Cabello, director de la GSMA para América Latina.

Explicó que las “listas blancas” o registros de clientes/equipos no son eficaces para combatir el robo de terminales debido a los siguientes motivos:

1. Obstaculizan la libre circulación de los dispositivos móviles que, en gran mayoría, son producidos para su uso en todo el mundo y se afecta al libre comercio, pues se restringe el derecho de libre circulación de bienes y servicios intrarregionalmente.

2. Asociar los teléfonos móviles con las tarjetas SIM o líneas móviles va en contra de todo lo que significa el estándar GSM. Es común que los usuarios usen sus equipos con más de una línea móvil o que presten sus equipos móviles y ello forma parte de las facilidades tecnológicas y no de un uso inadecuado del servicio.

3. Las validaciones en las “listas blancas” y de la coincidencia entre titular del servicio y del equipo pueden aumentar los tiempos de espera para iniciar las llamadas en detrimento de la calidad de servicio y de la experiencia del usuario.

4. En América Latina, al igual que en otras partes del mundo existe un serio problema de IMEI alterados o duplicados. El inhabilitar todos los IMEIs duplicados involucra afectar el servicio de un cliente que pudo haber adquirido de manera legal su equipo, sin que se haya previsto una solución técnica para evitar dicha afectación.

5. No hay en absoluto evidencia acerca de una correlación positiva entre “listas blancas” y disminución del robo de celulares.

6. Atentan contra la privacidad de los usuarios.

La organización indicó que el decreto legislativo agrega otro elemento que carece de sustento empírico, como es el establecer una asociación entre el terminal móvil y la tarjeta SIM en la cual ambos estén registrados a nombre de la misma persona.

Añadió que esto puede afectar negativamente a los usuarios móviles del país. Por ejemplo, alguien que sufre un corte de servicio por robo, luego reactiva su línea móvil con otra tarjeta SIM a su nombre pero pide prestado un equipo a otra persona al no poder solventar la adquisición de uno nuevo.

“El denominado “intercambio seguro” no permitirá que pueda hacer eso. Es decir, la víctima de un robo de un teléfono móvil puede terminar siendo víctima de la propia norma generándole un doble perjuicio”, manifestó.

La GSMA consideró fundamental que se desarrollen regulaciones más eficientes, que penalicen no sólo la adulteración del IMEI, sino también la venta y comercialización ilegal, cada vez más frecuente, de piezas y componentes provenientes de teléfonos robados.

A su vez, la policía y las fiscalías deben tener el empoderamiento necesario para realizar allanamientos en donde se realiza el acopio de teléfonos robados y la eventual reprogramación de los mismos.

“Creemos que la medida planteada por el gobierno peruano no será eficaz en la lucha contra el hurto de teléfonos móviles y tendría un grave impacto en los usuarios, que verán afectado su servicio e inutilizados sus dispositivos por situaciones que no son atribuibles a ellos, sino a personas inescrupulosas que adulteran teléfonos móviles”, concluyó Cabello.