Odebrecht ingreso al Perú en 1979. Hoy la constructora brasileña, envuelta en corrupción tanto en el Perú como en otros países, está a punto de retirarse de sus actividades debido al impacto que han tenido los casos de soborno de la firma y las medidas adoptadas por el Gobierno peruano.

Hace pocos días la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria decidió, al amparo del Artículo 58 del Código Tributario, embargar todas las cuentas de la empresa Odebrecht en Perú, por un monto de hasta S/ 150 millones, para asegurarse el pago de las obligaciones tributarias tanto las futuras como las que en este momento se encuentran en discusión en el Tribunal Fiscal.

Proveedores y contratistas de la empresa revelaron a Gestión su inquietud, pues esta medida podría poner en riesgo los pagos que debe realizar Odebrecht a favor de ellos, puesto que las cuentas bancarias de la constructora están en este momento inmovilizadas. Es más, algunos de los posibles afectados indicaron que la Sunat ha solicitado a la empresa concesionaria de Rutas de Lima que el pago por la obra que realiza Odebrecht debe realizarse directamente a la Administración Tributaria y no a la constructora.

En Rutas de Lima, Odebrecht tiene cerca de 1,700 trabajadores.

Gobierno y Fiscalía
La estrategia de la empresa Odebrecht en el Perú y en los otros países donde se cometieron los actos de corrupción ha sido tratar de colaborar con la Fiscalía de cada uno de esos países para que se logre sancionar a todos los involucrados, comprometiéndose al pago de todas las reparaciones correspondientes, pero conservando la existencia de la compañía, lo que le permitiría seguir con sus negocios.

Este esquema se ha venido cumpliendo en varios países como República Dominicana o Colombia, e incluso en Panamá, y al parecer esperaban que se repitiera en Perú.

Sin embargo, el Decreto de Urgencia 003 dictado por el Gobierno tiraría por los suelos esta expectativa, eliminando la posibilidad de permanencia de la empresa y dejándoles como único camino la venta de todos sus activos en el país.

Si bien la figura del fideicomiso para permitir la venta de activos, establecida en el decreto de urgencia, habría sido una sugerencia de la Fiscalía, el problema que surge es la demora con que el Gobierno está implementando la norma, tanto así que hasta ahora no se publica el reglamento.

La ausencia de este fideicomiso no solo estaría retrasando la venta de algunos activos como en el caso Olmos, sino también el pago de algunas prestaciones como sucede con Electroperú y la hidroeléctrica Chaglla, pues las empresas del Estado no pueden pagarle directamente a ninguna empresa de Odebrecht y deben hacerlo a través del fideicomiso.

Empresas
En el Perú la empresa Odebrecht mantiene participación en siete concesiones: Rutas de Lima, Chaglla, Chavimochic, IIRSA Norte, IIRSA Sur – dos tramos y Olmos. A diciembre del 2015 la empresa tenía 20,000 personas trabajando para ella, en diciembre del 2016 eran 10,000, y actualmente, luego de su salida del proyecto GSP y Chavimochic serían apenas 5,000, según uno de los contratistas consultados por Gestión.

Además cuenta con la obra de Costa Verde Callao, que debe culminar en 90 días, y con cuatro propuestas de hidroeléctricas similares a Chaglla que ya no podrán desarrollarse.

Ante una consulta de Gestión sobre su situación en el Perú, un vocero de la empresa dijo que ahora lo que les toca es vender todos los negocios, pagarles a todos los trabajadores, proveedores, bancos, al Estado, y terminar el proceso sin causar ningún daño a terceros. “Esperamos que a fin de año podamos haber culminado con todas las ventas”.

¿Una nueva adenda para Chavimochic III?
El Gobierno Regional de La Libertad anunció días atrás que Chavimochic III seguirá sin el consorcio formado por Odebrecht y Graña y Montero, porque no habría presentado el cierre financiero del proyecto, que vence oficialmente en marzo.

Sin embargo, el Decreto de Urgencia 03-2017 abre una puerta para que la brasileña venda sus activos garantizando un fideicomiso para eventuales reparaciones civiles, dijo Miguel Chávez, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH). ¿De qué depende?

El funcionario señaló que, con esta norma, podría evaluarse la realización de una especie de adenda que permita reestructurar los plazos para la ejecución del canal madre y, de la misma manera, del cierre financiero.

Esta medida serviría para que esta etapa -cofinanciada en su fase inicial por el Estado- no siga paralizada y sincere los plazos necesarios.

“Si se decide vender estos activos, entraríamos a un acuerdo ordenado, como una adenda, para que el Gobierno Regional pueda entregar los terrenos del canal madre, y para que Odebrecht pueda hacer finalmente el cierre financiero. Recordemos que ambos plazos ya se han vencido”, anotó Chávez.

Detalló que esta adenda no sería para reconocer gastos adicionales y se mostró en contra de un arbitraje.

Por su parte, Graña y Montero coincidió que, para reiniciar las obras, es necesaria la firma de una adenda que viabilice la ejecución del proyecto. Anunció, sin embargo, que “han solicitado que el Centro Internacional de Arbitraje sea el que determine si existe cuantía alguna, respecto a los mayores costos en el proyecto”. Aclaró que no ha habido una resolución del contrato.

Salida de Olmos entra a un nuevo capítulo
La transferencia de activos de Odebrecht del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) podría ser una realidad, siempre y cuando se cumpla con los lineamientos del Decreto de Urgencia 03-2017, que pone límites a este tipo de operaciones, entre empresas investigadas por corrupción.

Así lo sostuvo el gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña, tras precisar que esperarán la reglamentación de la norma antes de evaluar sus opciones.

Según ese decreto, tendría que crearse un fideicomiso para garantizar el pago de una eventual reparación civil.

“Es una segunda oportunidad, pero es necesario reglamentar si el trámite empezará en el gobierno regional, pidiendo una reconsideración de lo tratado en el consejo, o si empezará en el Ministerio de Justicia”, afirmó.

Como se recuerda, el Consejo Regional rechazó la venta de los activos de Odebrecht, argumentando que la brasileña buscaba evitar el pago de penalidades.

Al respecto, fuentes cercanas a la constructora dijeron que el consejo debió evaluar si Brookfield y Suez SA tenían la capacidad para gestionar la infraestructura, y no ver los temas políticos.

Actualmente, Odebrecht está a cargo de la obra. “No está en discusión el contrato, sino si se autoriza o no la transferencia”, señaló Acuña. Agregó que, si no se aprueba la venta en Olmos, y el Ejecutivo decide que los activos regresen al Estado, el gobierno regional podría asumir el mantenimiento.

“El proyecto va a pasar al gobierno regional en 7 a 9 años (al final del contrato), y a lo mucho podría acelerar el proceso”, añadió.