La noche del domingo fue la última en la que Luis Miguel Castilla era el hombre más importante de la economía peruana, ya que dejó el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) luego de encabezar una serie de reformas de “segunda generación” en la gestión del Estado, política social, mejora de la productividad y política fiscal.

Según la agencia calificadora de riesgo Moody’s, la economía peruana está entre las líderes de la región en la implementación de reformas de “segunda generación”, junto a Chile y México, con un impacto positivo en la calificación crediticia de la deuda soberana. Entre esas reformas están las siguientes:

1. Fortalecimiento de la Sunat. Mediante ley se amplió las facultades para luchar contra la evasión y elusión tributaria, reducir los sobrecostos tributarios y ampliar la base tributaria.

2. Reforma del Sistema Privado de Pensiones. La ley dictó medidas que redujeron en más de 28% la tasa promedio de comisión por administración, y con la licitación del seguro colectivo de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio se redujo en 6% el nivel promedio de las primas de seguro, entre otros.

3. Promoción del Mercado de Valores. En junio 2013 se dictaron medidas para reducir los costos de transacción para ampliar la base de inversionistas, pensando sobre todo en el pequeño inversionista local.

4. Ley de Servicio Civil. La norma apunta a brindar un mejor servicio público y potenciar el capital humano del sector público. Incorpora una reforma en materia remunerativa, de derechos y responsabilidades, bajo un esquema de meritocracia y evaluación por resultados.

5. Nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. La norma permite dar predictibilidad y estabilidad al gasto público, desvinculándolo de la fuente más volátil de ingresos públicos, y establece nuevas reglas para los gobiernos subnacionales y mejora en transparencia.

6. Nueva Ley de Contrataciones del Estado. Esta reforma apunta a que la intervención del gobierno sea efectiva, eficiente, transparente y sujeta a la más estricta supervisión y control. Se espera una mejor ejecución de los gastos públicos.

Inversión privada
La promoción de la inversión privada ha sido, además, una de las áreas más importantes trabajadas en el MEF durante la gestión de Castilla y entre los años 2012 y 2014 se adoptaron una serie de medidas para eliminar las trabas burocráticas a fin de agilizar las inversiones, orientadas a reducir los plazos para la expedición de certificaciones, autorizaciones y procedimientos.

Asimismo, se fortalecieron las entidades y herramientas encargadas de sancionar a funcionarios públicos que generen barreras burocráticas. También se creó un Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EEI) encargado de destrabar procesos de gestión pública y monitorear su desarrollo óptimo.

Hasta junio de este año, el EEI ha tomado acción en aproximadamente 35 proyectos que representa un monto de inversión de aproximadamente US$ 10 mil millones. En la misma línea, se reestructuró el Ministerio, creando una Dirección General de Políticas de Promoción de la Inversión Privada.

Como resultado de los cambios en la normativa vinculada a las Asociaciones Público Privadas (APP), generó que ProInversión adjudique 11 proyectos por US$ 5,331 millones en el 2013, y en lo que va del 2014 se adjudicaron diez proyectos por casi US$ 13,000 millones, entre los cuales están la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, el Terminal Portuario San Martín y el Gasoducto Sur Peruano.

Asimismo, se impulsó el perfeccionamiento del esquema Obras por Impuestos y en los últimos tres años se concretaron cerca de 90 convenios por un monto de inversión acumulado por poco más de S/. 1,000 millones. Solo en el primer trimestre del 2014, el acumulado de inversión comprometida bajo este esquema fue de S/. 206.6 millones.

Calificación
En los últimos tres años, la fortaleza de las políticas macroeconómicas y fiscales del Perú, sumado a las medidas de reformas de mediano y largo plazo implementadas por el Gobierno posibilitaron que el país mejore sostenidamente su calificación de riesgo crediticio.

Entre el 2011 y el 2013, las agencias calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Standard & Poor’s y Moody’s elevaron la calificación crediticia de la deuda peruana.

La más reciente calificación fue otorgada por la agencia de calificación de riesgos Moody’s, el 2 de julio de este año, elevando la calificación del riesgo soberano del Perú a A3 desde Baa2, ubicando a la economía peruana con la segunda mejor calificación crediticia a nivel de Latinoamérica, a la par con México, y solo por debajo de la que tiene Chile.

Un avance en dos posiciones en la calificación, como la aprobada para el Perú, no se había registrado entre los países grado de inversión desde el año 2006.