Para el Ministerio de Economía, la situación es clara: la Municipalidad Metropolitana de Lima no solicitó su opinión favorable para los contratos de concesión y sus modificatorias, los suscribió y adjudicó sin contar con este visto bueno y ahora todos los contratos son nulos.
Mientras los funcionarios de la Municipalidad de Lima afirman que el MEF estaba completamente enterado de los contratos, este sostiene que nunca recibió solicitud de opinión ni los documentos pertinentes.
Esta violación a la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP) no solo se da actualmente en el caso de los contratos de concesión del Servicio Público de Transporte de Pasajeros de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) sino también se dieron en el caso del by-pass de 28 de Julio y el corredor de Javier Prado.
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Enzo Defilippi, viceministro de Economía, reiteró que los contratos de concesión tienen que contar con la opinión del MEF antes de ser adjudicados y suscritos.
“En noviembre del 2014, le hemos mandado un oficio a ProTransporte diciendo que esos contratos, que han sido suscritos, son nulos. Han seguido suscribiendo contratos hasta el 30 de diciembre (…) No nos avisan que suscriben contratos, nos enteramos por los medios, solicitamos los documentos y ahí nos damos cuenta que no han pasado por la opinión favorable del MEF”, indicó.
En diálogo con Canal N, el viceministro expresó que los contratos para la operación de los corredores complementarios son nulos y no hay manera de revertir esta situación pues “no hay marco legal para negociar lo que la ley prescribe”.
“Hay contratos que ya son nulos, y hay otros que la Municipalidad tiene que declarar su nulidad. ¿Cómo es que hemos llegado a octubre del 2015 cuando en noviembre del 2014 ellos sabían que esos contratos eran nulos? Es la responsabilidad de la Municipalidad, no del MEF”, manifestó.
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Luis Castañeda Lossio advirtió ayer que su comuna interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad. El alcalde aseguró que el MEF está interrumpiendo la reforma del transporte.
Estos incumplimientos a las leyes y el debido proceso deberán ser investigados por la Contraloría de la República, así la situación se subsane próximamente.
“Lo hicieron en el tema del bypass sin haber pasado por el SNIP. Nosotros le hemos dado la opinión favorable cuando han regularizado, pero eso no regulariza todo lo que ocurrió antes”, explicó Defilippi.
