Los megaproyectos de infraestructura de uso público son de importancia fundamental; si queremos que la economía crezca, en términos potenciales y efectivos, la conectividad del país, el contar con redes de agua, telecomunicaciones, transportes, es básico.

El problema es cómo mitigar el riesgo de intrusión política que pudiera perjudicar el curso de un proyecto importante y caro. Si cuidáramos los tiempos en que se desarrolla un proceso de licitación, no ocurriría lo que hoy se critica, que al final de los procesos quede un solo postor, como pasó con la Línea 2 del Metro o el Gasoducto Sur Peruano.

Lo que ocurrió porque los postores pidieron mayores plazos, pero los tiempos políticos no ayudaron a darles más plazos y, por ende, se presentan este tipo de problemas de diseño y competencia en la licitación.

Intereses versus transparencia
En los megaproyectos, sobre todo, hay un número muy grande de intereses, porque hay mucho dinero y gente del sector privado, inversionistas, financistas, el Estado, todos tienen interés, algunos sanos, otros insanos y, por lo tanto, es donde se requiere mayor transparencia, institucionalidad, equipos técnicos y autonomía.

Así, aprovechando los cambios en la ley de asociaciones públicoprivadas (APP), que crea un sistema y una priorización de inversión, sería motivo para que el siguiente paso sea que le otorguen autonomía a ProInversión para manejar los megaproyectos.

Sería mejor que ProInversión no tuviera un directorio, sino que obedezca a un plan, a prioridades, y que los temas más fundamentales se vean en el Consejo de Ministros. Además, para evitar conflictos de interés, la Contraloría debería filtrar a las empresas que plantean obras, y definir cuáles están hábiles o no para participar en licitaciones de proyectos.

“Sería mejor que ProInversión no tuviera un directorio, sino que obedezca a un plan, a prioridades, y que los temas más fundamentales se vean en el Consejo de Ministros”.

El SNIP y el tiempo político
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) ha sido reformado dos veces en aras de simplificarlo, pero si el Estado no tiene una forma de filtrar y priorizar proyectos, y menos evaluarlos, difícilmente va a poder digerir todos los proyectos que le presentan o que generan los sectores. Por eso, el recurso fácil es exonerar los grandes proyectos, que requieren aún una revisión más refinada.

El tiempo político es un incentivo perverso para exonerar del SNIP, y la propuesta es potenciar los equipos técnicos y darles mayor transparencia para que las críticas tecnocráticas trasciendan. Aquí, una buena campaña de control periodístico también resulta muy útil.

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