Acumulado en la parte trasera de un camión, un cargamento de madera que sale de Pucallpa requiere cerca de 12 horas para llegar a Lima y luego ser exportado. Entre ciudad y ciudad, el vehículo atraviesa sosegados tramos de selva verde por carretera, pero también siete puntos de control. Durante los minutos de supervisión, el trayecto puede complicarse. Esto le pasó más de una vez a la compañía Reforestadora Amazónica.

“Pensaban que era madera ilegal. No entendían que procedía de plantaciones forestales y paraban el cargamento”, cuenta aún sorprendido Felipe Koechlin, gerente general de Reforestadora Amazónica. Esta anécdota evidencia la desconexión que hasta hace varios meses existía entre el sector público y la industria forestal.

Alinear a las cerca de diez entidades públicas encargadas de la supervisión del sector y conseguir desatar varios de los nudos del negocio ha sido el principal resultado de la Mesa Ejecutiva Forestal, implantada en el gobierno anterior por el Ministerio de la Producción (Produce) y que la gestión del ministro Bruno Giuffra ya retomó.

Uno de los hitos ha sido la implementación de una legislación para plantaciones forestales (cultivo de árboles). En Perú nunca la hubo, y esto explica el desconocimiento de los supervisores que retrasaron los cargamentos de la empresa de Koechlin. Y como este hay muchos logros más que se han conseguido en favor de una industria altamente rentable pero desaprovechada.

Requisitos innecesarios
La mesa forestal también ha servido para afinar los reglamentos del marco legal del sector. Se han identificado inconsistencias en cuanto a demandas del Estado hacia sus administrados que simplemente no eran realistas, como explica Carla Barbieri, representante legal de Maderacre.

En medio del ambiente saturado de virutas en los aserraderos, los árboles se convierten en derivados de madera. De una troza pueden salir centenares de productos que deben ser registrados en un libro de operaciones.

“Antes nos exigían que controlemos la cantidad de productos por troza, lo cual era ilógico, porque para hacerlo había que detener la producción y contabilizar lo que generaba cada una”, explica la abogada.

Barbieri llevó este problema a la mesa forestal. Se solucionó con un lineamiento que permitía declarar la producción en función del volumen y no por troza. La alternativa más eficiente desde la experiencia de los privados.

Las reformas han alcanzado también a los plazos administrativos. Enrique Toledo, gerente general de Reforesta Perú, compañía que realiza plantaciones forestales de alta tecnología, da fe de ello. “Antes, para inscribir una plantación me demoraba entre 8 y 12 meses. Ahora está lista en tres días”, cuenta.

El ejecutivo resalta que se ha promovido también el desarrollo del negocio de plantaciones emprendidas por mypes, que ahora cuentan con un fondo de US$ 200 millones. También se ha avanzado en la elaboración de un catastro para este segmento del negocio, iniciativa que facilita el emprendimiento.

Tribunal fantasma
Con cerca de una decena de entidades públicas vigilando la actividad económica, resultaba una incoherencia la inexistencia de un tribunal forestal que evalúe en segunda instancia las apelaciones de las empresas frente a presuntas faltas.

“Los reclamos a multas indebidas se quedaban durmiendo el sueño de los justos. Los procesos se paralizaban porque no había tribunal. Ahora ya existe: depende del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), que ya empezó a resolver los expedientes”, afirma Alfredo Biasevich, representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en la mesa forestal.

Los empresarios coinciden en que la mesa forestal ha iniciado un diálogo continuo entre las instituciones del Estado y el sector privado para la solución de problemas y que se ha cristalizado una cultura que debe mantenerse. Hace más de medio año, por iniciativa de las empresas, se constituyó un equipo técnico de apoyo a la mesa, que se reunía días antes de las sesiones para acelerar el proceso de diálogo.

Así como se reconocen los logros, los empresarios también apuntan que aún queda trabajo por hacer. Quizás el principal es el fortalecimiento de los gobiernos regionales, que son los encargados de las supervisiones previas a la tala de árboles, pero que por deficiencias económicas y de gestión no lo realizan o lo realizan de manera precaria.

Ya se ha avanzado con sistemas de información para el sector forestal, que permiten realizar la trazabilidad de la madera. Queda pendiente aún el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Sería un punto a favor para la sostenibilidad de la Amazonía y el sector forestal.

Potencial industrial

- 12 millones de hectáreas de bosque amazónico existen en Perú. Solo se usan dos millones.

- 9 millones de hectáreas hay disponibles para uso de plantaciones. Solo se han reforestado 33,000.

- 5,000 millones de dólares en productos derivados de madera exporta Chile. El Perú, apenas US$ 150 millones.

- 1 millón de empleos directos podría generar el sector forestal peruano, así como inversiones de hasta US$ 10,000 millones.