“En el modelo actual el Estado no construye sino promueve porque las viviendas las construyen el sector privado”. Así explicó el ministro de Vivienda, Carlos Bruce, cuál es el rol que debe tener el Estado para buscar cerrar el déficit de hogares que existe en el país.
Actualmente el déficit de viviendas, según explicó, asciende a “más de un millón de unidades habitacionales, 200 mil viviendas que no existen y más de 800 mil viviendas en mal estado”.
“El logro relativo es que el déficit no aumenta”, señaló Bruce, quien se presentó en la Expo Real Estate Perú, organizado por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios Perú.
Dentro de la estrategia que lleva a cabo el ministerio, el titular de dicha cartera afirmó que la cifra debe casi duplicarse para que, en cinco años, se pueda cerrar el déficit de viviendas en el país.
“Hemos tenido éxito de no aumentar el déficit pero no lo estamos reduciendo. Tenemos que pasar de generar 80 mil unidades habitacionales al año a 140 mil”, dijo. Anunció que para 2018 se promoverán más de 81 mil viviendas
Asimismo, Bruce planteó que para el 2021 se podría hablar de una cifra mayor a las 240 mil unidades habitacionales con lo que se puede cerrar el déficit “de manera definitiva”.
Reconstrucción
Por otro lado, Bruce detalló cómo será el presupuesto (S/ 1 975 millones) asignado al MVCS para la Reconstrucción con Cambios durante el 2018.
Así, en Vivienda, S/ 94 millones serán destinados para la reconstrucción de 3550 viviendas rurales y S/ 808 millones para 34 450 subsidios del Bono Familiar Habitacional en zona urbana.
En pistas, veredas y puentes urbanos, S/ 500 millones destinados para reconstrucción y rehabilitación de 1 011 vías en 5 regiones. En Agua y Saneamiento S/ 485 millones destinados para 1 199 expedientes técnicos y 1 175 obras de saneamiento en 6 regiones.
Por último, en desarrollo urbano sostenible, serán S/ 46 millones, de los cuales S/ 43 millones serán para la ejecución de planes de intervención territorial rápida en 13 regiones y 30 provincias; mientras que S/ 3 millones para la determinación de zonas de riesgo no mitigable.