El nuevo marco para la promoción de asociaciones público-privadas (APP) ha suscitado críticas desde el lado empresarial, se teme que el proceso sea más engorroso.

Por el contrario, el proceso debería ser más corto. Lo único que hemos hecho en la ley es determinar las fases del proceso para poder detallarlas en el reglamento y decir qué tiene que hacer cada actor en esos espacios.

Se critica que el nuevo marco legal no incentiva la presentación de iniciativas privadas…
Es un cambio de lógica por órdenes de magnitud. El Estado peruano ha recibido unos 237 proyectos de Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC) desde que se abrieron estas ventanas en el 2014 versus los 10 proyectos que, en promedio, saca al año ProInversión. Me parece excelente que el sector privado quiera participar, pero estamos siendo muy ineficientes.

¿Entraba todo tipo de proyecto?
Sí, y obviamente el Estado no puede ejecutar esa cantidad de proyectos, además del desperdicio de recursos para los privados. Lo que hemos hecho es decirles cuánta plata tenemos y qué tipo de proyectos queremos, lo que no queremos hacer es que la gente gaste su plata haciendo proyectos que al final el Estado no podrá financiar porque son 100% cofinanciados.

Un cambio importante es que ahora se van a poder abrir ventanas para presentar iniciativas privadas en cualquier momento y no solo a inicios de año…
Efectivamente, eso nos da más flexibilidad, pero imagino que algunos sectores ya tenían su batería de proyectos para presentar, pero si son proyectos carísimos que no hay forma de que el Estado los pague y, segundo, no son prioridad de nadie, entonces para qué gastan su plata.

¿Y qué ocurrió con estos 21 proyectos de IPC por casi S/. 22,000 millones que se seleccionaron en la última ventana? No terminan de declararse de interés…
Los procesos son complejos y de esos proyectos que estaban en esa primera selección hay muchos que están en sectores novatos que es la primera vez que están haciendo este tipo de proyectos, diría que más de la mitad sino las tres cuartas partes, y te das cuenta de que vas desarrollando el proyecto y hay muchas cosas que no están, como que no han planificado o no tienen clara la demanda.

Otra de las preocupaciones era que en los contratos ya no se ponga la fecha de inicio de pago del Estado al concesionario, lo que, según el sector empresarial, no haría bancables los proyectos.
Eso nunca, eso no se puede poner a nivel de ley. Estaríamos locos si lo ponemos a nivel de ley y estaríamos locos si lo ponemos a nivel de reglamento. Eso se hace contrato por contrato, porque el Estado tiene que ser muy consciente del riesgo que le está otorgando al privado para poder compartirlo.

También se menciona que se ha introducido restricciones a las adendas con el nuevo marco.
La razón para hacer una adenda es por un interés del Estado, por acuerdo de las partes, no hay más. Lo que hemos habilitado es que haya un proceso de evaluación concurrente entre todas las entidades para que al concesionario no lo manden en idas y venidas porque alguien después opinó distinto. Estamos sentando a todos en la mesa.

¿Deciden si procede o no la adenda?
No necesariamente si va a la adenda, porque eso depende del sector. Le damos nuestra respuesta una sola vez al concedente para que pueda negociar con el concesionario en vez de que en el proceso actual vaya de un lado a otro. Pero el tema de plazos de condiciones necesarias para hacer una adenda está a nivel de reglamento y no a nivel de ley y no va a haber ningún cambio.

En el caso de obras por impuestos establecieron un límite de S/. 57 millones para los gobiernos subnacionales. ¿Por qué no para el Gobierno nacional?
De los 169 contratos de obras por impuestos solo tenemos seis que superan ese monto y en algunos hemos tenido problemas porque para los gobiernos subnacionales manejar un proyecto de esa magnitud es complicado. El gobierno nacional sí porque ellos van a tener su comité de inversión, y no solamente eso sino que puedan manejar el riesgo fiscal mejor.

Hay S/. 550 mlls. en obras por impuestos priorizados
El director general de Política de Promoción de la Inversión Privada estimó que existe una cartera de más de S/.550 millones en proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos que están evaluando los ministerios este año, sin contar los de los gobiernos subnacionales.

El alto funcionario del Ministerio de Economía detalló que, por ejemplo, solo el Ministerio de Educación tiene proyectos por S/. 172 millones que están esperando la viabilidad; Interior, unos S/.80 millones; Salud, S/. 150 millones y Cultura, otros S/.150 millones bajo este mecanismo.

En el caso de los gobiernos subnacionales la cartera de proyectos de obras por impuestos hasta la fecha es de S/. 110 millones, pero Marchesi comentó que el nuevo marco normativo busca que las empresas opten por trabajar con el Gobierno nacional los proyectos de mayor magnitud.

Hoja de vida
Estudios: Economista de la Universidad del Pacífico y Maestría en Asuntos Públicos, en la Universidad de Princeton.