Manuel Romero Caro
Economista
Una mezcla de aumento de la corrupción, intervencionismo gubernamental, ineficiencias y bajos precios internacionales está generando una muy delicada situación económica-financiera a las empresas estatales de energía de la región, que son las más grandes en sus respectivos países. Petroperú de ninguna manera es una excepción.
Hace pocos días, el Gobierno brasileño anunció un plan de privatizaciones, que incluye 57 activos entre empresas públicas (incluye a Eletrobras, la mayor empresa eléctrica), terminales aeroportuarios, líneas eléctricas y autopistas. No es que el presidente Temer esté motivado por su liberalismo sino que está obligado a recaudar cerca de US$ 14,000 millones que reducirían el abultado déficit fiscal del país. De otro lado, en julio, Lula da Silva fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero.
Y tiene todavía otros seis procesos judiciales en marcha. Según el auto de procesamiento, el juez Moro considera que Lula era el “líder máximo” del esquema de corrupción descubierto en Petrobras (PB).
En el caso mexicano, Pemex (Petróleos Mexicanos), tiene una tradición de corrupción tan o más antigua que PB y, recientemente, se han empezado a destapar una serie de investigaciones sobre corrupción a raíz del caso Odebrecht. Es así que, por ejemplo, altos funcionarios de Pemex asignaron a Odebrecht obras por 4,254 millones de pesos en la refinería de Tula, Hidalgo, sin que se realizara una licitación. Y de acuerdo a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, las ampliaciones del contrato coinciden con el pago de sobornos por US$ 6 millones revelado en diciembre en EE.UU.
La rampante corrupción y las cargas fiscales que le impone el Gobierno federal a Pemex, han hecho que la calificadora Fitch manifieste que la situación de esta empresa se está volviendo insostenible.
En el caso de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) ya se conoce que esta empresa fue el instrumento que utilizó Chávez, como ahora Maduro, como la caja del Gobierno para subsidiar la entrega de petróleo a Cuba y a una serie de países a los cuales se les compraba la lealtad de esta manera. Lo mismo sucedía internamente con los recursos de la empresa, que financiaban un sinfín de acciones “sociales”. Sin embargo, ya se están empezando a descubrir diversos casos de corrupción. Es así que los fiscales y agentes federales de EE.UU. que investigan a PDVSA están trabajando sobre 23 casos de corrupción dirigidos desde la filial en Houston, donde se ha descubierto un esquema para saquear millones de dólares.
Y en lo que a Ecopetrol se refiere (antiguamente Empresa Colombiana de Petróleos S.A.), la Contraloría abrió una investigación a exdirectivos de Ecopetrol y de la Refinería de Cartagena (Reficar), entre los que se encuentran los actuales ministros de Hacienda y de Defensa, por sobrecostos de unos US$ 6,000 millones en la modernización de Reficar, que costó US$ 8,016 millones, el doble de lo previsto. Asimismo, Ecopetrol enfrenta una delicada situación económica financiera.
Es así que, según Bloomberg, el 18 de enero Moody’s rebajó su calificación hasta el borde de basura y lo puso en revisión para más rebajas, mencionando el temor de que la “posición de liquidez débil” limite su capacidad para aumentar las reservas. Ecopetrol tiene reservas que durarán 8.6 años a los niveles actuales de producción, en comparación con alrededor de 18.5 años para Petrobras y más de 100 años para PDVSA.
En otras palabras, mientras las grandes estatales energéticas venden activos por la delicada coyuntura, Petroperú invierte como nunca en un elefante blanco y en otros proyectos.
Ahora que vemos a Brasil y a Lula en una situación muy complicada, intentando salir de la delicada situación económica en que quedó el país luego de 13 años de gobiernos del PT (Lula y Rousseff), hay que recordar que hace no mucho tiempo diversos analistas de izquierda reiteradamente ponían a Lula y Brasil como ejemplos a seguir; y a Petrobras como un modelo a imitar y ejemplo de cómo las empresas estatales podían crecer y ser eficientes.
Esos mismos analistas ahora no se manifiestan, y no se les escucha ninguna crítica acerca de la rampante corrupción brasileña. Y algo similar sucede con Odebrecht, que era una empresa admirada e inclusive premiada por algunos, que ahora callan en siete idiomas.
¿Por qué las empresas públicas son más ineficientes y corruptas que las privadas? Porque los accionistas privados le ponen el máximo empeño en cuidar su patrimonio y ese no es el caso de las estatales, y por las razones presentadas en el primer párrafo. Al parecer, se piensa que las empresas estatales son propiedad de todos, por lo que se interpretaría que no son propiedad de nadie. Por lo que si las empresas estatales venden sus productos a menores precios que sus equivalentes privadas, debe ser porque están subsidiando; y eso lo pagan los contribuyentes tarde o temprano.
Y si las estatales venden más caro (por encima de los precios internacionales), los consumidores estamos subsidiando a las estatales; como es el caso actual (y futuro) de Petroperú. Solo hay que analizar la trayectoria de la empresas estatales y privadas para percatarse de la diferencia.
En relación a la ineficiencia de las estatales, hay que mencionar el caso de Sedapal, y sobre todo el de las EPS regionales, que es de terror. Es así que a fines del Gobierno de Humala, el ministro Milton von Hesse manifestó que esas EPS facturan solo el 50% de lo que producen ¡y cobran solo el 25%! El problema es que estas barbaridades de las empresas públicas las pagamos todos los contribuyentes; mientras que los errores de la empresas privadas los asumen sus accionistas.
