El Estado peruano logró un fallo favorable del Tribunal Arbitral Internacional en el caso “La Oroya”, que le entabló Renco hace cinco años, pero vale la pena analizar qué acciones podría tomar la ex administradora de Doe Run Perú tras esta decisión.

Jonathan Hamilton, socio del Estudio White & Case, ejerce la defensa del Estado peruano en este caso y explicó a Gestión que en el campo de las disputas entre inversionistas y Estados no cabe la posibilidad de apelaciones, pero sí el de buscar una anulación.

Renco, que adquirió el complejo metalúrgico de La Oroya a través de su filial peruana Doe Run Perú, mediante un proceso de privatización ocurrido en el 1997, exigía al Estado el pago de una reparación de US$800 millones.

“Su decisión sobre ese tema es definitiva, no existe en el campo de disputas entre inversionista y Estado apelaciones, solo tiene la posibilidad de buscar una anulación, pero eso es algo mucho más limitado que una apelación”, explicó.

El abogado sostuvo que una anulación es un proceso que involucra argumentos sobre falta del debido proceso, pero en el caso La Oroya, la decisión del tribunal arbitral es “bastante clara”.

Específicamente, el Tribunal concluyó unánimemente que Renco incumplió el Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y Estados Unidos y que “las reclamaciones de Renco deben ser desestimadas por falta de jurisdicción”.

“Ahora Renco debe buscar otro canal u otra oportunidad de avanzar en sus intereses, todos sabemos que las circunstancias en La Oroya se siguen desarrollando y el éxito del Perú en el caso muestra una oportunidad de enfocar soluciones”, anotó.

Aún está pendiente que el Tribunal Arbitral, constituido para este caso, de su fallo sobre la distribución de costos del proceso arbitral, que según Hamilton, debería ser emitido en los próximos meses.