Para el economista jefe del Instituto Peruano de Economía, Pablo Secada, “el país puede tiene tranquilamente asumir la deuda de los bonos agrarios”, razón por la que restó importancia a “la discusión fiscal” que el Ministerio de Economía y Finanzas planteó, ya que tendría la posibilidad de hacer [este pago] ordenadamente.

“El Estado peruano expropió a personas en 1979 y no les pagó un sol. Han pasado casi 34 años y no solo no les ha pagado, sino que los ha dejado a merced de personas que les están comprando los bonos por una fracción de lo que valen, estafándolos por segunda vez”, apuntó en entrevista a Canal N.

El economista precisó que no se pueden hacer distinciones entre los tenedores de bonos y que, además, el Estado tiene que preparar un “menú de opciones” para saldar esta deuda.

“Pueden decirles, ‘te pago en caja, en bonos, dejas de pagar impuestos en los siguientes años’, pero se tiene que plantear alternativas porque es el acreedor el que elige”, no el Estado peruano el que impone, detalló.

Caso Fonavi
Secada también hizo una distinción con el caso Fonavi. “La ley que obliga el pago al Fonavi es una pésimamente mal hecha. Los que la impulsaron hicieron muy bien en no hacer ‘perros muertos’ con los fonavistas, pero resultó una ley mal hecha”, advirtió.

Explicó que durante su participación en la Comisión del Fonavi, del MEF, se trató de decirle a los fonavistas que primero, no se empadronen. Segundo, que no pongan más dinero en la mesa, “no dejen que los estafen de nuevo” y les sugirieron a una forma de pagar “más razonable y justa” que la actual.

“Pero la asociación del Fonavi no quiso e incluso creo que nos enjuiciaron”, aclaró.

“El Estado peruano, que le debe a cualquier persona un 3.4% del PBI -si uno le resta la deuda-, eso es menos de lo que pagan la mayor parte de países de Europa en intereses. Entonces, este es un Estado sumamente solvente, no puede seguir con el ‘perro muerto’”, señaló Secada.

La ley del Fonavi fue una forma de obligar al Estado a salirse del “perro muerto”, pero que esta vez, con el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la cancelación de la deuda de los bonos agrarios, el MEF tiene la oportunidad de hacer un proceso ordenado, afirmó.