Ollanta Humala es la veleta política de América Latina. En el 2006, el exoficial del Ejército fue candidato a la presidencia del Perú (y perdió) como simpatizante de Hugo Chávez, siendo su campaña financiada en parte con dinero venezolano.

En el 2011, Humala volvió a postular, esta vez como discípulo del expresidente brasileño de izquierda pragmática, Lula, y exhortando a “una gran transformación” en el país.

Para ganar la segunda vuelta electoral de ese año, Humala se inclinó más hacia el centro con la promesa de mantener las políticas económicas liberales que ayudaron a dar al Perú la mayor tasa de crecimiento entre las economías más grandes de América del Sur durante la década anterior.

Y eso es lo que ha venido haciendo en el cargo, aunque hace poco se ha inclinado hacia una especie de populismo moderado de centro-derecha –el modelo predeterminado de la política peruana desde la década de los noventa.

Su gobierno tiene una calidad esquizofrénica. Se ha caracterizado por un trasfondo de intriga y una inestabilidad superficial –Humala ha tenido seis primeros ministros e igual número de ministros del Interior.

El escándalo más reciente implica acusaciones de líderes de la oposición y algunos antiguos partidarios del presidente que afirman haber sido espiados.

El actual ministro del Interior, Daniel Urresti, es un general retirado del Ejército que está siendo investigado por el asesinato de un periodista durante la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso en los años ochenta.

Urresti ha ayudado a elevar la aprobación presidencial al comportarse como un jefe hiperactivo de la policía, buscando siempre titulares incluso cuando la delincuencia empeora.

Al mismo tiempo, Humala ha designado a un núcleo de tecnócratas capaces de ejecutar políticas socio-económicas. Su gobierno está llevando a cabo una reforma de las escuelas públicas, en tanto fomenta la innovación y la diversificación de la economía. Además está tratando de liberar los proyectos para nuevas carreteras y líneas de metro de la burocracia que los ata a la mesa de diseño.

Tales esfuerzos son urgentes y deben seguir adelante. El fin del auge de los commodities ha afectado mucho al Perú. La economía creció 2.4% el año pasado, menos de la mitad de la proyección del Gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, reafirma que el crecimiento repuntará hasta 4.8% en el 2015.

Pero no hay razón para creer que el desempeño será mucho mejor que el año pasado. La caída del precio del cobre, la mayor exportación del Perú, compensará las importaciones más baratas de productos derivados del petróleo. La inversión pública se ralentizará porque los nuevos alcaldes y presidentes regionales aún están pensando cómo hacer su trabajo.

Las previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) han perdido credibilidad, luego de haber diagnosticado erróneamente un choque estructural permanente como una falta temporal de demanda. El MEF inyectó dinero en la economía el año pasado, con recortes de impuestos y bonificaciones adicionales para los trabajadores públicos con salarios más bajos.

Esto habría sido gastado de mejor manera en atraer mejores maestros y administradores: la falta de financiación adecuada está socavando la reforma de la educación y otra dirigida a la profesionalización de la función pública. Pero Humala ha bloqueado esto por temor a las críticas en contra de los aumentos salariales para funcionarios públicos de alto nivel, según una fuente con información privilegiada.

Si bien Humala admite la necesidad de reformas estructurales, sus esfuerzos han sido tímidos. Dos tercios de los peruanos trabajan en el sector informal, privados de toda protección laboral. Ante el temor de la oposición sindical, el presidente vetó el plan del equipo económico de liberalizar la legislación laboral extraordinariamente rígida del Perú.

En cambio, el Congreso aprobó en diciembre una medida para alentar a los empleadores a contratar jóvenes de 18-24 años de edad bajo un régimen un poco más flexible. Por discreta que fuera, esta ley provocó marchas de miles de estudiantes. El 26 de enero el Congreso decidió que la ley no valía la pena tanto alboroto y la derogó.

En un país que ha perdido la fe en sus líderes políticos, el índice de aprobación de Humala de alrededor de 30% se compara favorablemente con el de sus predecesores en la misma etapa de sus mandatos. En el 2011, su coalición, llamada Gana Perú, ganó 47 de los 130 escaños en el Congreso.

Pero sus legisladores fueron elegidos en su plataforma al estilo Lula; 13 han desertado, ya sea a causa de su cambio hacia la derecha o por intrigas palaciegas. Humala corre el riesgo de perder el control de la Legislatura en los últimos 18 meses de su gobierno.

Por desgracia para el Perú, esto significa que es poco probable que el país consiga las reformas que necesita para hacer frente al panorama económico más difícil que ahora enfrenta. Hoy en día en América Latina, el Perú no está solo en esto. Cualesquiera que fueran sus fracasos en la lucha contra la corrupción, Enrique Peña Nieto, de México, con sus ambiciosas reformas en energía y telecomunicaciones, se destaca como una excepción.

“No es por casualidad que las reformas son tan difíciles”, dijo Fernando Henrique Cardoso, quien promulgó muchas de ellas como presidente de Brasil en los años noventa. Las reformas requieren convicción, comunicación y la movilización de los posibles ganadores, por lo general un grupo más difuso que los perdedores. En este aspecto, Humala está decepcionando a los peruanos.