Si analizamos las tareas a cargo del sector público, cuando entre el próximo Gobierno, uno de los principales retos estará asociado a lograr consolidar la implementación de la nueva normativa de Asociaciones Público Privadas (APP) promulgada a finales del año pasado, señaló Carlos Salazar, director de Advisory de PwC.

“Si bien esta normativa estaría orientada a mejorar el proceso de origen y desarrollo de los proyectos de infraestructura para evitar dificultades que se han venido observando en el pasado, requiere del desarrollo de políticas específicas y metodologías que deberán estar bien enfocadas para no generar un efecto adverso en la velocidad de tramitación”, comentó.

En este sentido, indicó que también resultará clave entender qué visión tendrá el próximo gobierno respecto a estas propuestas de cambio.

El analista mencionó que uno de los aspectos en los que parecen coincidir los distintos candidatos a la presidencia es la necesidad de relanzar la agenda de proyectos de infraestructura para iniciar el próximo gobierno, con un impulso inmediato generado por la recuperación de la inversión y lograr en el mediano plazo los beneficios asociados al incremento de la productividad.

“Al parecer, todos tienen una clara lectura de una realidad preocupante: no hemos sido capaces de reducir la brecha de infraestructura, en términos comparativos con otros países de la región o los países de la Alianza del Pacífico”, advirtió.

Sin embargo, enfatizó que el reto para lograr una reactivación eficiente, que logre destinar de forma razonable los recursos públicos hacia proyectos de infraestructura optimizando el beneficio social y económico, implica un fuerte trabajo coordinado entre el sector público y privado.

Asimismo, dijo que a nivel nacional y sectorial, deberá existir un esfuerzo coordinado para aprovechar los proyectos que se encuentran en una fase de desarrollo avanzada, generando una priorización conveniente de los recursos que sean puestos a disposición del relanzamiento de esta agenda de infraestructura.

“Tener las ideas muy claras respecto a los criterios de priorización deberá ser un objetivo que el candidato ganador deberá consolidar desde el día siguiente de su elección, para poder iniciar su gobierno con acciones concretas”, puntualizó.

Finalmente, indicó que el sector privado, que requiere con urgencia de estas oportunidades de inversión, seguramente responderá rápidamente a las señales que brinde el nuevo gobierno.

“Consideramos que un factor clave será que el gobierno defina un plan de comunicación que permita la mejor preparación por parte del sector privado, para correr de la forma más eficiente la carrera de preparar sus propuestas y definir sus esquemas de financiamiento (en un escenario internacional menos favorable que en los años precedentes)”, anotó.

Salazar explicó que la necesidad de anticipar señales claras al sector privado (empresas operadoras, constructoras, proveedores, financieras) resulta clave para que se organicen en torno a una agenda que recupere la confianza en este tipo de proyectos.