Sólo sería financiado con deuda el 20% del mayor déficit fiscal esperado en los próximos años como consecuencia de los gastos que se tendrán que hacer para reponer la infraestructura dañada por el Fenómeno del Niño, afirmó el Scotiabank.

Recordó que a fines de abril el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió al Congreso un proyecto de ley que plantea ampliar la meta de déficit fiscal desde el 2017 hasta el 2020 con el fin de financiar las labores de reconstrucción de la infraestructura dañada por el Fenómeno El Niño.

El actual marco macrofiscal contiene una cláusula de excepción que señala que, en caso de emergencia, las reglas fiscales pueden modificarse temporalmente con el compromiso de retornar gradualmente a la trayectoria previa.

En este contexto el proyecto propone elevar el déficit fiscal de 2.5% a 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2017, de 2.3% a 3.5% en el 2018, de 2% a 2.9% en el 2019, de 1.5% a 2.1% en el 2020, retornando a la meta original de 1% del PBI para el 2021.

En el caso de la deuda pública bruta, se propone mantener el tope equivalente al 30% del PBI. De esta manera entre el 2016 y el 2020 se acumularía recursos por US$ 6,400 millones -equivalentes a 3.2% del PBI- que se destinarán a financiar exclusivamente el Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes) que será administrado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios liderada por Pablo De la Flor.

“El proyecto de ley presentado por el MEF estaba en línea con la flexibilización fiscal que esperábamos, considerando los daños en infraestructura ocasionados por el Fenómeno El Niño y los costos asociados al proceso de reconstrucción”, indicó el analista senior del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Pablo Nano.

“Nos parece congruente la nueva trayectoria de déficit fiscal, considerando que la mayor parte de la inversión pública en reconstrucción se ejecutaría en el 2018, año en el cual la meta de déficit fiscal es la más alta de los próximos cinco años”, señaló Nano.

Sin embargo, consideró que el riesgo es que el déficit fiscal del 2017 sea ligeramente mayor a la meta fijada (3% del PBI).

Si bien durante el primer trimestre (primer trimestre del 2017) se observó una importante recuperación de los ingresos provenientes de los sectores primarios -la recaudación proveniente de minería e hidrocarburos aumentó 42.5% en términos reales-, la actual debilidad de la demanda interna pone dudas en torno a la proyección de ingresos provenientes de impuestos vinculados a la producción y el consumo -el IGV interno cayó 0.7% durante el primer trimestre del 2017-, subrayó.

Asimismo, el Scotiabank comparte la preocupación del Consejo Fiscal (CF) cuando señala que “el ajuste fiscal propuesto para los años 2020 y 2021 es exigente y por eso contiene un riesgo de incumplimiento. El CF sugiere considerar una senda de ajuste fiscal menos pronunciada, con un período de convergencia del déficit al 2022 o 2023, lo cual generaría un retiro del impulso fiscal ordenado y creíble”.

Adicionalmente, Nano dijo que no esperaban que no se amplíe la regla de deuda pública (30% sobre PBI), considerando el nivel actual (24% del PBI) y que el MEF ha señalado que cerca del 80% del financiamiento del mayor déficit fiscal priorizará el uso de activos financieros de bajo rendimiento -entre ellos el FEF, (ver cuadro)- en contraste con la utilización de deuda pública de mayor costo financiero.

En ese sentido, el MEF proyecta que la deuda pública bruta se estabilice entre el 26% y 27% del PBI hacia el 2021, por debajo del promedio de Latinoamérica.