La Contraloría General informó hoy que interpondrá acciones legales contra un irregular laudo arbitral dado el 23 de diciembre último que involucra el pago de cerca de S/. 2 millones del erario nacional por parte de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) favor de la empresa Innova Ambiental (antes Relima).

Anteriormente, el organismo superior de control detectó presuntas irregularidades en torno al servicio de limpieza pública en el Mercado Mayorista de Santa Anita, administrado por EMMSA, por el que la empresa Relima solicitó el pago de S/. 3.7 millones sin que haya existido licitación ni contrato.

El proceso arbitral seguido por Innova Ambiental contra EMMSA dispone que la empresa edil pague a la demandante la suma de S/. 1’935,268.29 como indemnización por los supuestos servicios de limpieza prestados por Relima al Mercado Mayorista de Santa Anita, durante el periodo comprendido entre el 18 de setiembre 2012 y el 18 de setiembre del 2013.

En su momento, la Contraloría manifestó sus cuestionamientos debido a que el Tribunal Arbitral Ad Hoc designado por ambas empresas era incompetente en una materia de naturaleza administrativa, que involucra recursos públicos, regulado por normas públicas, y que al no existir ni proceso de selección ni contrato alguno que los vincule solo puede ser tratado por el Poder Judicial.

En el presente caso, ambas entidades han sometido irregularmente el tema a un tribunal que se regula por normas de derecho privado. Incluso, en este proceso arbitral irregular, la entidad afectada llegó al extremo de ofrecer una pericia que “demostraba” los servicios de limpieza alegados por la demandante Innova, valorizados en una suma similar a la que finalmente señalaron los árbitros privados.

Para la Contraloría, el fallo irregular se agrava toda vez que representantes de Innova Ambiental y funcionarios de EMMSA están siendo investigados penalmente ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, y en investigación preparatoria, por delito de colusión en agravio del Estado, debido a una presunta concertación para defraudar al Estado con motivo de dichos “servicios de limpieza”.