Kallpa SAB puso en revisión la recomendación de Graña y Montero tras la modificación del Decreto de Urgencia 003-2017 por parte del Congreso. Además, destacó que “el tema es grave para la empresa” ya que al aplicarse este decreto afectaría los flujos de la empresa en algunos proyectos.

Entre estos se encuentra el posible pago de la venta del Gasoducto Sur Peruano, que la empresa ha estimado en US$ 400 millones.

Hasta antes de la modificación del DU 003, Kallpa SAB recomendaba “mantener” la acción de Graña con un valor fundamental de S/ 3.20, pero ahora la puso en revisión.

“Debido a la complicada situación de la empresa, ponemos nuestro valor fundamental en revisión, y recomendamos cautela en los inversionistas, dado que esperamos alta volatilidad en el precio de la acción”, señaló Kallpa SAB en un comunicado a sus inversionistas.

Ayer jueves, el Congreso de la República aprobó el DU 003-2017, en el cual se amplían las sanciones impuestas a Odebrecht por el Estado peruano a sus ex socias en el Perú, entre ellas, Graña y Montero. Este Decreto de Urgencia aplicaría a las ex socias de Odebrecht por un periodo de 6 años.

“Cabe resaltar que desde que empezó este problema, Kallpa SAB ha publicado multiples reportes y correos destacando el riesgo que tiene la empresa por posibles sanciones del Estado y otros por potenciales problemas de corrupción”, agregó en el comunicado.

MÁS PROYECTOS
Entre otros proyectos que afectará el endurecimiento del DU-003 está la retención de ingresos de todas las concesiones que tiene con el Estado, como la Línea 1 del Metro de Lima, Survial, Canchaque, La Chira.

Así como la retención de cuentas por cobrar con el Estado, principalmente en las inversiones cofinanciadas por el Estado, como la Línea 1 del metro y la construcción de la segunda calzada de la carretera Norvial.

“Además, en el peor escenario, la empresa podría pagar una reparación civil, en caso sea declarada culpable”, indicó Kallpa SAB.

Por otro lado, Kallpa SAB señala que entre las sanciones se encuentran i) la retención de todo tipo de pagos del Estado (cofinanciamientos, usualmente) a la empresa por concepto de obras públicas o concesiones.

Además, Kallpa SAB señala que se suspenden las transferencias al exterior de utilidades en obras concesionadas o contratadas por el Estado, así como de los ingresos provenientes de ventas de bienes u otras participaciones.

Por otro lado, suspende las transferencias al exterior de dividendos o utilidades de cualquier otra inversión en el país hasta que se haya hecho el pago de la reparación civil o hasta que se absuelva a la empresa del delito.

Las transferencias por concepto de pagos de deudas al exterior tendrán que pasar por la aprobación del Ministerio de Justicia.

Graña y Montero anunció que tomará todas las medidas legales que correspondan, de tal forma de defender su derecho constitucional a la presunción de inocencia.