Lima Airport Partners, concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, exige una solución integral por parte del Estado a las interferencias que impiden la ejecución de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, con la segunda pista de aterrizaje y un terminal adicional.

“Hemos estado en un proceso largo de conversaciones con el Estado, el contrato establece una serie de mecanismos para solución de controversias, hemos activado algunos de ellos y estamos esperando una respuesta clara del Estado a las peticiones que pedimos para resarcir al aeropuerto por el tiempo de demora. Eventualmente analizamos la posibilidad de iniciar un proceso arbitral contra el Estado peruano”, explicó Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners.

Las principales interferencias son: el túnel de la Av. Gambeta que debió estar listo en el mes de diciembre, pero que a la vista de los avances de obras se estima que estén listo hasta finales de este año o principios del 2017; también existen ductos de desagüe de Sedapal y colectores que tienen que ser removidos de la zona; asimismo existe un ducto de gas que debe ser quitado porque constituye una interferencia con la segunda pista de aterrizaje y un montículo de 17 metros de desmonte que se ha venido acumulando en parte del terreno a entregar.

La inversión que queda pendiente de ejecución asciende a US$ 1200 millones, una inversión 100% privada, que no recibe cofinanciamiento del Estado, pero cuya demora termina perjudicando las arcas nacionales.

“Al tener dos pistas de aterrizaje contaríamos con un tráfico mucho mayor al actual, calculamos un 30% más de pasajeros, lo que implicaría una mayor dinámica en el comercio exterior, en el sector turismo y el país percibiría un mayor monto de retribución. Recordemos que el Estado recibe aproximadamente el 52% de los ingresos brutos del concesionario de manera directa, y en estos 15 años de concesiones hemos entregado US$ 1,600 millones, entonces el impacto es para el país”, afirma Salmón.

Desde la fecha inicial pactada para la entrega del terreno se han firmado seis adendas a causa de las demoras y la firma de una séptima adenda está pendiente debido a una falta de acuerdos en los términos de la negociación.

“Lo que hemos planteado es que todas las interferencias existentes en la zona tienen que estar plasmados en un documento, de tal manera que ambas partes tengamos por escrito cuales son las obligaciones de cada uno. Pero existen algunas interferencias que nosotros hemos planteado y que el Estado no considera necesario incorporar. Es importante solucionar esto, porque como concesionario nosotros lidiamos con una serie de gobiernos y necesitamos un documento formal, para que el siguiente gobierno pueda continuar con el proceso y no comenzar todo de cero otra vez”, enfatiza el representante de LAP Perú.

El área total de expansión del aeropuerto se estima en 7 millones de metros cuadrados, y se han entregado hasta la fecha 3.5 millones de metros cuadrados, quedando pendiente de entrega una cifra similar de terreno libre de interferencias.

A la fecha el monto total de inversión efectuado en infraestructura supera los US$ 335 millones en estos 15 años de concesión.

LAP Perú enfatiza que si el Estado hubiese cumplido su obligación desde un primer momento, la segunda pista hubiera estado concluida hacia finales del año 2009.

“Somos la inversión privada en infraestructura de transporte más importante de país, y me parece increíble que el Estado, a pesar de ello, siga arrastrando los problemas desde el día uno de la concesión y que no tengamos claridad en cómo van a ser solucionados”, señala Salmón.