La economía del Perú crecerá 2.4% este año y 3.3% el año próximo, según pronostica el Fondo Monetario Internacional. Ningún otro país de un tamaño considerable en América Latina alcanzará esa expansión, pero para los estándares recientes del Perú no será gran cosa.

Sin embargo, los gurúes de MSCI -la compañía estadounidense que elabora índices que los inversores globales usan para colocar su capital- están amenazando con bajar la calificación de la bolsa peruana al mismo nivel que la de Nigeria y Pakistán. Un antídoto improbable podría provenir de la más estadounidense de las multinacionales: Coca-Cola. El proveedor de refrescos ha urdido un plan que le permitirá a una de sus embotelladoras principales al sur del río Bravo tomar el control de Lindley, su filial en el Perú, por US$ 910 millones.

La transacción es un nuevo hito para una tradición clásica de los mercados bursátiles latinoamericanos: los accionistas controladores se quedan con primas enormes a costa de los inversores minoritarios, que no reciben nada. El caso Lindley ofrece a las autoridades peruanas una posibilidad de demostrar su entereza.

En setiembre, Arca Continental -una embotelladora líder de Coca-Cola- llegó a un acuerdo para adquirir las acciones en circulación con derecho a voto de Lindley, en poder de la familia fundadora de la compañía, por US$ 760 millones, o US$ 2.46 por acción. Arca se comprometió a pagar a la familia Lindley US$ 150 millones, u otros 49 centavos por acción, para que se abstengan de competir en el mismo negocio. Para Coca-Cola, fusionar embotelladoras es una jugada estratégica que le ayuda a que más gente sedienta beba sus refrescos en todo el mundo de la manera más eficiente posible. Esta operación también consolida su participación del 34% en Lindley con el 9% que posee en Arca. El problema es que Lindley tiene un montón de otros accionistas, dueños de lo que se llaman acciones de inversión en el Perú, que no obtienen nada con la transacción.

Alrededor del 11% de Lindley es propiedad de inversores en estas acciones sin derecho a voto. Pero hoy esas acciones están en manos de acaudalados inversores privados que esperan recibir un trato justo. Uno de ellos resulta ser el expresidente de Chile Sebastián Piñera. Otro es la familia detrás de Falabella. Si bien el espectáculo de los plutócratas de la región atropellándose unos a otros puede resultar irónico, los tenedores de acciones de inversión tienen puntos válidos para quejarse, empezando por la
inequidad del acuerdo.

Los Lindley recibieron el equivalente a US$ 2.95 por acción por su 53% de la compañía. Eso es casi cuatro veces los 74 centavos a los que las acciones de inversión se transan en la bolsa de Lima.

Lindley argumenta que las acciones de inversión confieren solo derechos económicos, no de voto, a sus propietarios. Pero otras compañías las han recomprado con descuentos mucho menores.

Además, es justo preguntarse si la transacción está en consonancia con el espíritu del código de conducta comercial de Coca-Cola, que pregona “actuar con integridad en todo el mundo”.

La compañía, liderada por Muhtar Kent, define esto como “hacer lo que es correcto. Actuando con integridad, reflejamos positivamente la imagen y la reputación de la compañía y sus marcas en los más de 200 países en los que operamos”.

Además de apelar a la promesa de Coca-Cola de hacer lo correcto, no solo lo que es legal, los tenedores de acciones de inversión están trabajando para que las autoridades bursátiles peruanas se involucren. Sostienen que el directorio de Lindley, que incluye a representantes de Coca-Cola, actuó de manera negligente al no considerar los derechos de todos los accionistas.

También sostienen que Lindley no cumplió con ciertos requerimientos de publicidad al anunciar los detalles de la transacción.

Los reguladores del mercado bursátil peruano suelen ser considerados como relajados. Y el revuelo generado por esta operación se está desarrollando en un momento particularmente inoportuno para el mercado peruano. Hace apenas unas semanas, MSCI dio al Perú hasta junio para ratificar que es un mercado emergente, más que uno fronterizo.

La Bolsa de Valores de Lima, que está ayudando a pelear la batalla para que el Perú no sea degradado al mismo nivel de bastiones del capitalismo como Argentina y Zimbabue, ha calculado que una rebaja de categoría podría disparar una fuga de capitales de más de US$ 5,000 millones.

MSCI está reconsiderando el estatus inversor del Perú en parte por los escasos volúmenes negociados. En setiembre, el Congreso peruano aprobó una ley diseñada para promover una mayor liquidez en la bolsa, que entre otras medidas elimina ciertos impuestos a las ganancias de capital y crea incentivos para los inversores.

Pero varias de las principales compañías del Índice General del Perú S&P/BVL tienen acciones de inversión en circulación. Como el acuerdo Lindley-Coca-Cola muestra el escaso potencial de valor de esos títulos, es difícil imaginar a inversores transándolos con entusiasmo.

Los guardianes de los mercados de capital del Perú tienen ahora una oportunidad de defender los intereses de accionistas minoritarios y de ratificar que el país, al igual que Chile, China o Polonia, se merece recibir los fondos de inversores de todo el mundo.

Es eso, o la economía latinoamericana de más rápido crecimiento se unirá a Jamaica, Bangladesh y Ucrania en el club de los mercados fronterizos.