Solo este año se han producido doce derrames de petróleo en la selva peruana a consecuencia del mal estado del Oleoducto Norperuano, que está a cargo de la empresa estatal Petroperú.

Lo más grave es que el propio Estado presentó una resolución, aún pendiente de aprobación, que otorgaría un año más de prórroga a la empresa estatal para que repare las fallas del ducto y actualice sus estudios ambientales, pese a que este plazo venció el pasado mes de setiembre, indicó Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible.

“Lo más grave es que dichos derrames se pudieron evitar ya que, hace siete años, mediante otro Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, se dispuso que el Ministerio de Energía y Minas actualice los estudios ambientales de Petroperú para poder pasar a la reparación de los ductos”, comentó Carhuatocto.

Además, señaló que hasta la fecha no se ha cumplido con actualizar dichos estudios pues tienen 21 años de antigüedad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizará una audiencia el 2 de diciembre para que la sociedad civil y organizaciones indígenas denuncien las violaciones de derechos humanos de las mujeres debido a los derrames del Oleoducto Norperuano.

Carhuatocto señaló que es poco entendible que el Estado Peruano permita que Petroperú tarde ocho años en subsanar sus errores que han afectado a más de 3,500 familias de al menos siete comunidades nativas. Las familias no han recibido hasta el momento una adecuada atención ni un resarcimiento apropiado por parte del Estado ni mucho menos por parte de la empresa, agregó.