Por Manuela Zurita
En noviembre del 2014, las postales del centro de Arequipa serán distintas de las de hoy. Un puente, el Chilina, se extenderá horizontalmente a lo largo de poco más de 500 metros. La obra prevé descongestionar el tráfico vehicular de la zona, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, y contribuir a la disminución de la contaminación del aire, acústica y visual. Su costo, US$ 245 millones, será soportado por un consorcio conformado por las compañías Interbank, Backus y Southern Perú Copper Corporation, bajo las condiciones establecidas por la ley 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado.
Este puente es la “obra por impuestos” (OxI) más grande que jamás se haya ejecutado en el Perú y en la región. Es que, en efecto, hasta el momento solo este país cuenta con una norma que permite a las empresas, mediante convenios con los gobiernos regionales y locales, acelerar proyectos de inversión en infraestructura a cambio de un máximo del 50% de su Impuesto a la Renta (IR) destinado al canon. “Para la empresa privada, entrar en esta modalidad es una buena oportunidad, no solo por el descuento del IR, sino porque puede ganar imagen corporativa y generar desarrollo local en la comunidad donde tiene influencia, movilizando los indicadores de impacto social”, dice Rosa Ana Balcázar, directora de inversiones y descentralización de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
De acuerdo con estadísticas del organismo estatal –encargado de la difusión de la norma y de la articulación entre el sector público y privado-, entre el 2009 y marzo del 2013, 38 proyectos de infraestructura han sido acelerados por S/. 583 millones. Este año se espera que el número de proyectos se triplique respecto del 2012, cuando la iniciativa, impulsada por un renovado reglamento (DS 133-2012 -EF), comenzó a dar indicios de ser más atractiva para el sector privado. Las cifras delatan el cambio: el monto de inversión en los primeros tres meses de este año fue cuatro veces más que el del 2012, pasando de S/.10 millones a S/.52 millones y el número de beneficiados creció 11 veces, involucrando a 411.948 personas.
OxI para principiantes
Para poder sacarle provecho al mecanismo, hay que sortear siete momentos. Estos son: la elaboración (o adecuación) del perfil del proyecto de infraestructura; su priorización por parte del gobierno regional o local la convocatoria de posibles ejecutores; la selección del ejecutor; la ejecución de la obra; y la conformidad y recepción de la obra.
El último, y no menos importante, es la emisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Certificado de Inversión Pública Regional y Local – Tesoro Público (Ciprl), que garantiza ante la Sunat que los impuestos se han invertido en obra pública.
Así los enumera en una presentación Miguel Ángel Torres Morales, socio del estudio Torres y Torres Lara Abogados especializado en tributación y mecanismos de responsabilidad social empresarial. Este estudio ha asesorado seis proyectos en temas de construcción de defensas ribereñas, canchas deportivas y postas médicas, e instalación de sistemas de agua potable.
“Lo que hacen las empresas es acelerar proyectos que estén alineados a su política de responsabilidad social empresarial y actividad”, explica. Torres aclara que las obras también pueden estar acompañadas de equipamiento. “En vez de que el gobierno ejecute la obra, la empresa lo hace. Los gobiernos le transfieren esa capacidad”, completa Balcázar.
Desde que entrara en vigencia el nuevo reglamento de la ley en noviembre del año pasado, las empresas no solo pueden invertir en los proyectos priorizados para obras por impuestos de los gobiernos regionales y locales con código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), detallados en la página web de Proinversión, sino que los perfiles también pueden ser elaborados por ellas mismas y luego ser presentados al gobierno regional o local para su posterior priorización.
“Piensa qué te gustaría hacer y luego vamos al municipio a ver si es que logramos encontrar esa coincidencia de intereses. Creemos que ese es el orden adecuado para aprovechar la ley”, recomienda Torres, tras observar que, por lo general, los perfiles ya listos están desfasados o incompletos.
Al respecto, Juan Fernández, especialista en obras por impuestos de Volcan Compañía Minera, con operaciones en Cerro de Pasco, asegura que en su caso los proyectos suelen surgir de una necesidad explícita de la comunidad.
“Si necesita agua, no lo ofrecemos como donación sino como OxI. Lo ponemos en la mesa de negociación”, indica. La diferencia en términos tributarios entre una donación y una OxI es que la primera se suma a los costos generales de la firma, mientras que la segunda implica un desembolso de dinero a modo de crédito, que se descuenta del IR y lo reduce.
Hasta ahora, Volcan, que creó una oficina dedicada exclusivamente a impulsar el mecanismo, ha invertido en tres escuelas: dos en el Callao por S/. 6,2 millones y una en Huayllay, Pasco, por S/. 5,3 millones. También ha participado en la construcción de pistas y veredas en Tinyahuarco, en Pasco, por S/. 5,3 millones.
Además, prevé construir un relleno sanitario y comprar equipos de recojo y deposición en Huariaca, en la misma región, por S/.5 millones y participar de un consorcio junto con Cementos Pacasmayo en la construcción del intercambio vial Mansiche en las afueras de la ciudad de Trujillo, aportando la mitad de los S/. 29 millones que supone. “Los consorcios permiten hacer proyectos más grandes, diversificando los riesgos”, opina Fernández.
Pablo de la Flor, gerente de la división de asuntos corporativos del BCP, coincide en esa visión. De hecho, bajo esa figura, el BCP construirá e implementará junto con Backus, Poderosa y Barrick Misquichilca la Escuela Técnico Superior de la Policía de Trujillo, cuya inversión asciende a S/. 30 millones. “Estamos seguros de que la puesta en funcionamiento contribuirá a dotar de mayor seguridad a dicha ciudad”, augura De la Flor. De acuerdo con el reglamento, cuando de consorcios se trata, el MEF reconoce el aporte de cada integrante de forma proporcional.
Pros y contras
Para Proinversión, los beneficios que obtienen las empresas cuando se acogen al mecanismo no solo son de imagen e impacto social sino en términos de competitividad y mejora de su RSE en zonas de influencia. En el caso del BCP, que ha desembolsado S/. 90 millones el año pasado para la construcción de obras de saneamiento y de habilitación vial, De la Flor afirma que contribuye a generar corrientes de buena voluntad a favor del banco, fortaleciendo sus vínculos con autoridades y comunidades.
Otro beneficio que destaca Proinversión es que las OxI permiten recuperar el total de la inversión (con el 2% de la revaluación anual) y representa una vía adicional para las empresas constructoras para competir por obra pública.
A juicio de Magdalena Morales Valentín, directora de desarrollo sostenible y asuntos corporativos de Backus, impulsora en el 2009 de la primera obra por impuestos (un separador vial en Ate por S/. 1,5 millones), el mecanismo permite conocer dónde se invierten los impuestos y ayuda a acortar la brecha de infraestructura en el país. No es la única que lo cree. “Estamos seguros de que el sector público solo no va a poder suplir la necesidad de infraestructura que hay”, dice Fernández.
En total, el fondo grande para OxI que reúnen los gobiernos de las 11 regiones del país que más canon reciben, asciende a S/. 27.000 millones, informa Balcázar. Se trata de un 28,3% de los US$ 37.000 millones de déficit nacional en infraestructura que calculó en el 2007 el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Los municipios también pueden beneficiarse. Por un lado, el mecanismo garantiza la realización de la obra priorizada en menor tiempo. Mientras por OxI suele tardar alrededor de un año, por la vía tradicional un proyecto puede durar de tres a cinco, compara Torres. Por otro lado, facilita el incremento de su presupuesto actual de inversión, agrega Proinversión.
Cambios alentadores
El reglamento incorporó cambios que motivaron su adopción en el sector privado. El que más destacan las fuentes consultadas es el reconocimiento de los costos que conlleva la elaboración del perfil del proyecto. También se modificó el porcentaje que los gobiernos podían dedicar a OxI. Antes de noviembre del 2012 equivalía al 80%. Actualmente, es del 30%.
Sin embargo, los plazos para la emisión de Ciprl por parte del MEF, asociados a la capacidad de gestión de los gobiernos locales, siguen generando incomodidad entre las empresas. “Por norma, la emisión debería durar tres días, pero se suma el tiempo que demora el municipio en emitirle al MEF la opinión favorable”, reconoce Balcazar, quien asegura que, tras la renovación del reglamento y el inicio de la promoción en el empresariado, el énfasis de Proinversión estará puesto en el trabajo con los municipios. Otro punto débil es la supervisión, asegura Fernández. Los gobiernos deberían asignar esa función a expertos integrados en un pool de empresas privadas. Actualmente, la deciden de forma unilateral.
Un tercer obstáculo son los costos extras, como las consultorías para revisión de los estudios de los proyectos, que el Ciprl todavía no contempla, apunta De la Flor. Añade que tampoco se contabilizan los costos por capacitaciones. En ese sentido, Hernando Guerra García Campos, gerente general de Somos Empresa, del Grupo ACP Comunicaciones, acota que la ley debería abarcar no solo obras sino actividades de capacitación. “Lo más sostenible es el capital humano”, sostiene. Al respecto, Torres opina que el siguiente escalón de OxI podría ser una norma de servicios por impuestos. ¿Será el Perú una vez más el que del primer paso en la región?
