FACULTADES. Antes de las elecciones del 2011, la inseguridad era la tercera preocupación de la población (39%). Casi cinco años después, ocupa el primer lugar (63%), según la encuesta de Ipsos. La delincuencia ha ido avanzando y se encuentra fuera de control. Se creía que un líder con uniforme podría resolver los problemas de seguridad, sin embargo, eso no sucedió.

El actual ministro del Interior es el séptimo de este gobierno, lo que significa que, en promedio, se ha cambiado de ministro cada seis meses. Con ese nivel de inestabilidad es imposible llevar adelante medida alguna, ya ni hablar de una reforma integral.

Para tratar de tomar al toro por las astas, el Gobierno ha pedido, nuevamente, facultades legislativas en materia de seguridad, sin embargo solo entre el 2013 y 2014 se han emitido 17 leyes importantes en esta materia y en el 2012, con las facultades otorgadas, el Gobierno emitió 26 decretos legislativos para el sector Interior y Defensa, lo cual demuestra que solo dictar nuevas leyes o agravar el nivel de las penas no soluciona el problema.

Una de las ideas planteadas en el pedido de delegación de facultades es promover el ingreso de los privados a la lucha contra la inseguridad, ya sea a través de la construcción de nuevos penales o a través de las empresas de seguridad privada. Dependiendo del contenido que se le dé a esta propuesta (¿las empresas de seguridad podrán hacer las mismas funciones que la Policía?, ¿se les capacitará a estos trabajadores?, etcétera), podría implicar una renuncia a las prerrogativas que le corresponden solo al Estado.

Otra propuesta es establecer un sistema de recompensas para los policías, planteamiento que podría terminar desfigurado y generando mayores problemas que beneficios si no se delimita claramente su contenido.

Son insuficientes las buenas ideas si no están acompañadas de una estrategia y de coordinación desde todos los sectores: Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Podemos no confiar en la capacidad del actual gobierno para resolver el problema, pero se trata de un tema crucial que debe empezar a trabajarse inmediatamente. No podemos esperar hasta la próxima administración, aunque la ciudadanía deberá exigir que los candidatos a la Presidencia expliquen a profundidad sus propuestas en esta materia.