REFORMA. El pasado 8 de junio, el Congreso aprobó una reforma constitucional que consagra “el derecho universal y progresivo de toda persona de acceder al agua potable” y prioriza el consumo humano sobre otros usos. Los cien legisladores presentes en el pleno votaron a favor, aunque hasta ahora nadie se ha encargado de explicar los alcances de este agregado, que formará parte del capítulo de la Carta Magna sobre derechos sociales y económicos.

Cabría preguntarse si todos, incluidos los fujimoristas, acordaron respaldar el plan de gobierno de PPK –y su discurso de investidura– que incide en que su primera prioridad será dotar de agua potable al 100% de la población urbana y periurbana para el 2021. Las dudas se acentúan con la parte final del texto, que indica que el dominio del agua “es inalienable e imprescriptible”, pues entre las primeras normas emitidas por PPK para alcanzar dicha meta figura la reestructuración del sistema de empresas públicas de saneamiento (las EPS) mediante asociaciones público privadas (APP), tanto en las inversiones como en el manejo de esas empresas.

El Ejecutivo no se ha pronunciado. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, se caracteriza por mantener un perfil bajo, pero su silencio solo aumentará la incertidumbre. Su cartera es la responsable de diseñar la política que implementará la legislación de modernización del sistema de saneamiento. Sobre esa tarea, tampoco se sabe si existen avances.
El principal riesgo que podría generar esa reforma constitucional es que los grupos que se oponen a la inversión privada utilicen el argumento de la inalienabilidad del agua para evitar el desarrollo de proyectos que no estén dirigidos a consumo humano. El debate tiene que estar centrado en el establecimiento de reglas claras para el uso del agua y no en prohibir inversiones.

Volviendo a la meta de la cobertura total, un problema que no se resolverá, por más que ahora exista un derecho constitucional, es el sistema de las EPS –que pierden entre 40% y 50% del agua que producen–, pues sus problemas de gestión les impiden controlar ineficiencias como el uso indiscriminado de aguas subterráneas –una iniciativa legislativa busca frenar esa práctica en Lima con la instalación de medidores–. Y tampoco cuentan con fondos para mejorar su cobertura; por ejemplo, Sedapal solo amplió su red de agua potable en 6 km el año pasado.