SEGURIDAD CIUDADANA. Como se esperaba, los cambios en la legislación sobre seguridad ciudadana forman parte del pedido de facultades hecho por el Ejecutivo al Congreso. El proyecto presentado por la Presidencia del Consejo de Ministros abarca gran parte de los puntos débiles del tema, desde las modificaciones a la normatividad penal y la reestructuración del sistema carcelario, hasta la articulación de los órganos de Gobierno en la lucha contra el crimen, la prevención social y el combate al lavado de activos.
También se propone reestructurar el Ministerio del Interior (Mininter) y la institución responsable de mantenernos seguros y hacer respetar la ley: la Policía Nacional del Perú (PNP). Se trata, pues, de una propuesta ambiciosa y bastante completa, pero que solo dejará de parecer utópica cuando las normas sean promulgadas –si el Congreso otorga las facultades– y puestas en marcha, que es lo más difícil, y lo que menos se hace.
Es que ya hemos tenido otros paquetes legislativos sobre seguridad ciudadana –el más reciente fue hace apenas un año–, que no rindieron los frutos esperados, así como también otras “reformas” de la PNP, que más bien fueron medidas puntuales para resolver deficiencias operativas u organizacionales. Al respecto, el pase al retiro de 39 generales policiales solo será una de tales soluciones –eran 86, un número demasiado elevado– si no se contemplan ajustes que ataquen el problema desde la raíz.
Esto debido a que la PNP parece una institución disfuncional, con una logística manejada con criterios poco técnicos y una preparación de oficiales y suboficiales que en muchos casos carece del rigor que su responsabilidad exige. Si esta nueva reestructuración cubre estos aspectos y encuentra las soluciones óptimas para que el Perú cuente con policías profesionales, bien entrenados e incorruptibles, se habrá dado el primer paso en la lucha contra la delincuencia.
El Gobierno cuenta con la opinión favorable de la ciudadanía. Según Pulso Perú, el 57% percibe que está trabajando ante la inseguridad. Además, podrá justificar esa reestructuración, pues la confianza en la PNP ha disminuido y la esperanza de que la inseguridad se habrá resuelto al finalizar el Gobierno ha tenido un aumento notable: hasta 25%, cuando el de Humala solo despertaba el optimismo de un magro 3%.
