ESTABILIDAD LABORAL. En materia laboral, el Perú siempre ha ido como el péndulo, moviéndose de un extremo al otro. Antes de 1991, despedir a un trabajador en el Perú era casi imposible sin importar lo que hubiera hecho. Luego, tratando de solucionar problemas, fuimos hasta el otro extremo, en el que, sin importar las razones, los trabajadores podían ser despedidos en cualquier momento.
Poco a poco, a partir del año 2001, esta situación fue cambiando, quizás el punto de quiebre más claro fue la muy comentada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Telefónica, que estableció que un despido realizado sin expresión de causa era considerado arbitrario y, por lo tanto, correspondía indemnizar al trabajador o reponerlo.
Lamentablemente, luego de este fallo, se han ido sucediendo muchos más, que bajo la excusa de querer beneficiar al trabajador han ido, en la práctica, endureciendo la legislación laboral, al punto que hoy es más fácil para el empleador liquidar su empresa que despedir a un trabajador.
La última muestra de esta situación es el reciente fallo en casación de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que considera que si un trabajador comete una falta grave, pero “subsana los errores”, no puede ser despedido por dicha causal. No importa que el empleador ya no confíe en dicho empleado, igual debe seguir contando con sus servicios.
La gravedad de este tipo de sentencias es que terminan modificando de manera indirecta la legislación laboral. Una legislación que, sin duda, requiere reformas, pero que no podrán realizarse en el corto plazo. Una buena muestra de ello fue la ley de promoción del empleo juvenil, en la que el Ejecutivo y el Legislativo tuvieron que dar marcha atrás.
Es necesario asumir el tema de las reformas laborales con calma y sin apasionamientos. Es necesario comprender que muchas iniciativas que podrían ser consideradas positivas tienen una doble lectura y pueden terminar perjudicando a aquellos a los que se quiere beneficiar, como el caso de los descansos por maternidad que, en la práctica, podrían generar que las empresas piensen dos veces antes de contratar a una potencial madre.
Compatibilizar los derechos laborales con las necesidades empresariales será el gran reto que deberá asumir el próximo Gobierno al realizar la reforma laboral que tanto necesita el país.
