Fiscalización. La Contraloría General de la República (CGR) realizó el año pasado 127 exámenes especiales a entidades estatales, desde municipios hasta ministerios, pasando por la Sunat y la Biblioteca Nacional del Perú (BNP). Considerando que existen más de 2,000 entidades estatales, podríamos asumir que vivimos en un país en el que el manejo de los recursos fiscales es prácticamente inmaculado.

Además, los pocos informes que se emiten están atrasados. Por ejemplo, se detectó que el Ministerio del Interior cometió irregularidades en la contratación de servicios para la Policía. El informe fue publicado el 31 de diciembre último, pero el periodo revisado fue todo el 2012.

El jefe de la CGR, Fuad Khoury, puede argumentar que no se da abasto, que le falta personal (aunque ahora cuente con 2,273 trabajadores), presupuesto (S/. 425 millones para el 2015, S/. 70 millones más que el año pasado) o que necesita mayores facultades para intervenir entidades públicas ante hechos de corrupción, como acceder al secreto bancario y de las comunicaciones de los funcionarios involucrados en presuntos casos de corrupción, sin autorización judicial (solicitud hecha hace unos días).

Cabe preguntarse si la CGR estará en capacidad de tener más responsabilidades, cuando no ha podido aún cumplir con lo que establece su ley de constitución: que “el control sea apropiado, oportuno y efectivo, para prevenir y verificar… la correcta, eficiente y transparente utilización de los recursos del Estado…”.

Además, preocupa el seguimiento que debe hacerse a los casos de corrupción (o negligencia) que detecta. Los contribuyentes merecemos saber en qué terminan sus pesquisas, es decir, la trayectoria que siguen en el Poder Judicial, pues de lo contrario la CGR no sería más que un mero productor de informes.

Finalmente, el Congreso, entidad encargada de controlar al contralor, debe actuar con mayor diligencia para asegurar que la CGR trabaje correctamente. Es importante que la entidad que asegura la transparencia en el Ejecutivo cuente con la credibilidad de la población, algo que no puede exhibir en este momento, pues el 50% de la población desaprueba cómo está desarrollando su labor, según una encuesta de GfK.