EJECUTIVO. Durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza para el Gabinete, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, mostró su interés en solicitar facultades para legislar en algunos temas específicos como en el campo económico, de defensa y acceso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

La primera reacción de los parlamentarios de oposición fue mostrar su rechazo a dicho pedido, por lo cual la premier tuvo una ronda de reuniones con representantes de las diversas bancadas, salvo con la de Fuerza Popular, que ha considerado innecesario un encuentro previo –en una muestra más de la forma en que el grupo opositor mayoritario ha decidido llevar sus relaciones con las otras instancias del Estado–, aunque la presidenta del Consejo de Ministros les enviará una carta pidiendo formalmente una reunión.

Aráoz anunció que la próxima semana el Consejo de Ministros tendría listo el proyecto de ley de pedido de facultades legislativas, que estará muy acotado a los temas del proceso de reactivación económica, agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño costero y la lucha contra el lavado de activos.

No está mal que el Ejecutivo busque contar con las herramientas legales que requiere para llevar adelante sus labores. Sin embargo, el país está plagado de ejemplos que demuestran que normas sobran y lo que falta es capacidad de ejecución. En ese sentido, mal haría la premier Aráoz en creer que si logra que el Congreso le apruebe las facultades sus problemas estarán resueltos. Los errores mostrados durante estos 16 meses de Gobierno poco han tenido que ver con la legislación vigente.

Para otorgarle las facultades delegadas el Parlamento ya dijo que exigirá que la premier detalle claramente todos los temas sobre los que legislará, por lo que su capacidad normativa estará muy acotada. No solo eso, al igual que le ocurrió al Gabinete Zavala, los decretos que se emitirán pasarán por una exhaustiva revisión, que puede generar la derogación de más de uno.

Más allá de las normas que necesita emitir a través de leyes –muchos de los proyectos que envía al Congreso duermen el sueño de los justos–, el Ejecutivo debería, sin renunciar a la solicitud de facultades, primero revisar todo lo que sí puede hacer sin necesidad de pasar por el Parlamento y mostrar los resultados concretos que el país espera.