ILÓGICO. En el mundo de las matemáticas, la suma de dos valores siempre arroja un resultado mayor. Así nos lo han enseñado desde chicos en el colegio y así lo hemos aprendido. En el mundo de las regulaciones, sin embargo, esta ecuación no siempre se cumple. Por el contrario, la sobrerregulación suele dañar a la sociedad en su conjunto. Esto es justamente lo que está sucediendo en el ámbito de las promociones comerciales.

El reglamento de promociones comerciales establecía que cualquier empresa que tenga pensado realizar una promoción comercial que involucre la entrega de algún premio, requería una autorización previa del Ministerio del Interior.

¿Qué tiene que hacer el Ministerio del Interior regulando las actividades comerciales? Es difícil saberlo. Pero es todavía más difícil entender porque este ente mantuvo esta función aún después de la creación de Indecopi en 1992. En adelante, pues, se fundó la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal para, entre otras cosas, aplicar las infracciones a las normas que regulan la publicidad comercial (D.L. N° 1044). Es decir, dos entidades haciendo exactamente lo mismo.

No obstante, el requisito de la autorización del Ministerio nunca se eliminó. Todo lo contrario. La creación de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) en el 2013 como un ente autónomo dentro del Ministerio del Interior heredó esta función; que según una interpretación bastante libre, se extiende ahora a cualquier tipo de promoción comercial (no solo concursos). Así, cualquier empresa que realice una oferta –descuento, cupón, promoción, etc.- sin haberle notificado al Onagi puede recibir una multa de hasta S/. 380 mil.

Es inimaginable el papeleo, los costos y las demoras que pueden derivarse de esta laxa interpretación –según el presidente de la CCL, Samuel Gleiser, el gobierno estaría buscando formalizarla con una nueva reglamentación- en un país de casi 30 millones de habitantes. Pero resulta más absurdo todavía, que su implementación no tenga ningún aporte, dado que la publicidad engañosa ya está siendo fiscalizada por Indecopi.

Lo peor, claro, es que los mayores damnificados serán los consumidores que verán cada vez menos ofertas en las bodegas, supermercados y tiendas por departamento.
P.S. No parece casualidad que parte de la financiación de la Onagi provenga de las multas que cobra.