BLINDAJES. La de ayer no fue la primera ni única muestra de blindaje que hemos visto por parte del Congreso. Hace tan solo unas semanas, la Comisión de Ética también votó por no investigar a la ministra y congresista Carmen Omonte a pesar de tener una concesión minera a su nombre (según el congresista Bruce, habrían otras tres más a través de testaferros) cuando la ley la imposibilita. Y existen varios otros ejemplos.

Las oportunidades que brinda esta comisión a las bancadas para intercambiar favores, al parecer, pesan más que sus obligaciones morales. Paradójicamente, la Comisión de Ética le ha servido al Congreso para demostrar la ausencia de esta. Por suerte, podemos contar todavía con la Fiscalía para denunciar e investigar cualquier atentado contra la ley.

Si existen pruebas irrefutables contra la congresista Cenaida Uribe puede ser debatible. Pero, de lo que sí no hay duda alguna es que el caso presenta suficientes indicios como para abrir una investigación exhaustiva. Por lo menos eso pensaría uno después de que tres testigos diferentes afirmen que la congresista amenazó al entonces director del colegio Alfonso Ugarte, Lisandro Quispe, de “sacarlo” del colegio si no renovaba el contrato que el colegio tenía con la empresa Punto Visual, después de saber que existía una relación entre la congresista y el gerente general de dicha empresa, y después de que la subdirectora de otro colegio estatal haya hecho una denuncia similar. Sin embargo, para el exfiscal de la nación, José Peláez, estas denuncias solo corresponden a una serie de coincidencias en las cuales no vale la pena profundizar, pues tan solo 6 días antes de dejar el cargo se encargó de archivar la investigación.

Ese, al igual que con el Congreso, no es un caso aislado. La Fiscalía formalizó su denuncia penal en el caso Ecoteva el último 22 de mayo. No obstante, entre los denunciados no figura por ningún lado el expresidente Alejandro Toledo. Una vez más, la fiscalía parece haberse olvidado que para formular una denuncia penal todo lo que se necesita son indicios (no pruebas). Y, en el caso de Toledo, vaya que los hay.

Después de todo, parece que los blindajes no son cuestión exclusiva del congreso.