DESIGUALDAD. América Latina ha sido una de las regiones estrella del mundo en la última década. No solo ha mantenido una tasa de crecimiento anual promedio de 5% (excluyendo el 2009), sino que dicho crecimiento, además, ha permitido reducir los índices de pobreza a pasos agigantados. Entre el 2003 y el 2012, la cantidad de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema se redujo a la mitad, mientras que la pobreza “moderada” cayó del 42% en el 2000 a 25.3% en el 2012. De la misma manera, la desigualdad económica en la región–medida por el coeficiente de Gini- se ha reducido consistentemente entre el 2001 y el 2010, demostrando que los pobres han sido los mayores beneficiarios del crecimiento.
Según un informe del Banco Mundial, el 68% de la reducción de la pobreza es atribuible al crecimiento económico y tan solo el 32% corresponde a las políticas fiscales de redistribución. Y de acuerdo al mismo reporte, en el Perú, el efecto neto de la política fiscal sobre la desigualdad ha sido “insignificante” a pesar del incremento del gasto público destinado a fines sociales.
Esto es preocupante por dos razones, principalmente. La primera, porque las proyecciones de crecimiento económico para los próximos cinco años son menores a las tasas que experimentamos en la última década. Por lo tanto, si se mantienen las cosas como están, la reducción de la pobreza también verá una desaceleración. La segunda, porque el Gobierno no está utilizando el dinero de los contribuyentes de la mejor forma posible. O peor aún, como señala el Banco Mundial, está desperdiciando muchos de sus recursos.
No es una coincidencia que Perú ocupe el último lugar en eficiencia del gasto fiscal y sea también el país que menos invierte -como proporción del PBI- en educación y salud. Una educación pública de calidad, pues, junto con un servicio de salud aceptable, son las únicas herramientas que requiere una persona para depender de sus propias habilidades. Finalmente, como ya dijimos, han sido los aumentos en los ingresos (salarios) el principal motivo de movilidad social, no las transferencias de dinero.
Nosotros tenemos dos reformas a medias actualmente. Acá hay un argumento económico más para concretarlas. Pero no olvidemos que también existe un argumento ético.
