LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. La última encuesta de Pulso Perú da cuenta de que la Policía Nacional, el Poder Judicial, los partidos políticos y la Fiscalía de la Nación son instituciones en las que el narcotráfico ha logrado el mayor grado de penetración, alcanzando más del 50% en todos los casos.

Esa percepción es compartida, por ejemplo, por la procuradora anticorrupción Sonia Medina, quien acaba de alertar sobre la indiferencia e inercia de algunas autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

Lo que viene sucediendo es tan grave que un 72% cree que el Perú está camino a convertirse en un narcoestado, y mientras no haya una política efectiva contra la corrupción, esta seguirá invadiendo los organismos del Estado cada vez más. Seguramente veremos más casos como el de Oropeza, si es que no existen ya.

¿Qué hacer? Las elecciones serán un buen termómetro para saber si los partidos políticos realmente están comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y lavado de activos, para lo cual tendrán dos buenas oportunidades. La primera será siendo muy estrictos con el dinero que reciban para financiar la campaña. Si bien se necesita dinero, ello no implica aceptar todo el que les llegue sin ningún tipo de filtro. La segunda oportunidad será al momento de conformar sus listas. Es labor de los partidos escudriñar la hoja de vida de sus candidatos para asegurase de no llevar ningún caballo de Troya en su interior, como ya ha sucedido, porque la población ya está cansada y por eso un 48% cree que si una agrupación lleva al Congreso a una persona sancionada por narcotráfico o crimen organizado debería perder su inscripción y no participar en las elecciones.

Los partidos deben recordar que gracias al rol fiscalizador que han asumido los medios de comunicación tarde o temprano todo se sabe.

Desde el Estado la labor es titánica. Todas las entidades deben realizar investigaciones internas que les permitan depurar a los malos elementos que se hayan coludido con el narcotráfico y la corrupción. Se deben tomar medidas drásticas, que, sin violentar el debido proceso, impidan que los sancionados puedan regresar a las instituciones, como ha sucedido en el caso de la Policía Nacional.