AEROPUERTO DE CHINCHERO. Desde que asumió la administración Kuczynski, afirmó que el contrato de concesión del aeropuerto Chinchero estuvo mal hecho —lo repitió hace dos días el ministro Martín Vizcarra— y, sin embargo, nunca se planteó la posibilidad de cuestionar el contrato y utilizar la vía legal para resolverlo. Por el contrario, desde un inició se buscó “arreglarlo” a través de una adenda.

Tal como señalamos en enero de este año, el camino de la adenda estuvo lleno de marchas y contramarchas que llevaron a suspender en más de una oportunidad su firma, y a solicitar la intervención de la Contraloría. Las dudas eran tantas que se decidió detener cualquier desembolso de dinero, antes del informe de la Contraloría. Aun así, el ministro de Transportes pasó doce horas defendiendo la firma de la adenda, para tres días después presentarse en un programa de televisión y sin mayor explicación decir que “Si no se han generado los consensos y no se han disipado las dudas por más esfuerzo que hemos hecho, vamos a dejar sin efecto el contrato y la adenda”. Esta decisión se adelantó al informe de la Contraloría que señala que la adenda modificó las condiciones de competencia y que recomienda restablecer las condiciones técnicas, legales y económicas consideradas en la propuesta del postor ganador y del contrato suscrito.

Lamentablemente, dejar sin efecto un contrato no es sencillo. El contrato prevé cuatro caminos: la vía de la caducidad por incumplimiento del concesionario, que después de la firma de la adenda difícilmente se podrá aplicar, el incumplimiento por parte del concedente que tampoco podría usarse, la resolución unilateral por razones de interés público, la cual será difícil de sustentar, además de implicar el pago de una indemnización y la vía del mutuo acuerdo. Le toca al Gobierno explicar cuál será la vía que usará para generar el mínimo perjuicio económico al país (quizás el mutuo acuerdo) y el menor daño posible a la estabilidad jurídica tan importante para los inversionistas.

Pero esto no termina allí, pues existen responsabilidades políticas (y según Contraloría también penales) no solo del ministro, sino de todos los miembros del Ejecutivo que asumieron la defensa de la adenda. Todo lo acontecido hace que el Gobierno pierda credibilidad. Si el Ejecutivo consideraba que no había hecho nada irregular en la adenda debió mantenerla aún frente a la opinión no vinculante de la Contraloría.

No solo es momento de cambiar al ministro de Transportes, que ya dio un paso al costado, sino de que el Gobierno revise la forma en que se manejan los megaproyectos, muchos de los cuales aún están por definirse.