OCDE. Si no se sabe con claridad a dónde se quiere ir es muy difícil establecer la ruta a seguir, y en eso radica la importancia de haber puesto como meta para el país su ingreso a la OCDE. Sin duda, intentar cumplir con los indicadores de desarrollo que se requieren para formar parte de los países con las economías más desarrolladas en tan solo cinco años es una meta ambiciosa, pero contar con guías claras servirá para identificar dónde se está fallando y fijar con mayor precisión las acciones que como Estado se deben tomar.

Adicionalmente, siempre es de utilidad poder recibir aportes y recomendaciones de un equipo que, desde fuera, analice bajo parámetros técnicos y sin apasionamientos políticos las medidas que se vayan adoptando.

No es un camino fácil, en áreas como el gasto público en salud o educación, el número de usuarios de Internet o el consumo de energía estamos muy lejos del promedio de la OCDE; solo en acceso al agua potable estamos cerca al promedio, pero aún por debajo.

Las recientes recomendaciones presentadas por la OCDE y que abarcan cuatro grandes áreas deber ser analizadas por el Ejecutivo para ver su viabilidad y establecer cuáles de ellas pueden ser aplicadas en breve. Por ejemplo, mejorar la productividad laboral que es de apenas el 30% del promedio de la OCDE es una labor de mediano y largo plazo, pero prestar apoyo a las autoridades subnacionales dotándolas de mayor capacidad técnica para la gestión de estos recursos y lograr diversificar la economía sí es una tarea que se puede cumplir en el corto plazo.

A pesar de las voces en contra, es importante que no se vea a la OCDE solo como un club exclusivo sino como una herramienta más en el esfuerzo que realiza el país para lograr el crecimiento sostenido que permita cerrar las brechas existentes en beneficio del ciudadano. Esta decisión no puede ser solo del Gobierno, necesita que todas las fuerzas políticas, el sector privado y la sociedad en su conjunto trabajen en el mismo sentido.