PROGRAMAS SOCIALES. En las últimas semanas, los programas sociales han estado en el ojo de la tormenta debido a los robos descubiertos en Juntos y Pensión 65, los cuales prueban que la fiscalización y el control en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no funcionan. La ministra Paola Bustamante no ha sido convincente al explicar qué medidas se tomarán para que esto no vuelva a ocurrir. El Banco de la Nación, que empleaba a los cajeros que cometieron el delito, tampoco se libra de responsabilidad.

Este caso –como en muchos otros en la administración pública– solo demuestra que no se cuenta con los suficientes profesionales idóneos para la tarea, la cual implica distribuir millones de soles a personas que viven, en la gran mayoría de casos, en zonas apartadas del país y que ignoran qué derechos les asisten como beneficiarios de estos programas.

Ahora que se ha puesto el foco en estos programas, deberíamos evaluar si realmente están funcionando o si es momento de replantear su esquema.

El número de beneficiarios tanto de Juntos, como de Pensión 65, aumenta día a día sin que se haya brindado información, sobre todo en el caso de Juntos, de cuántas familias han logrado “graduarse” del programa. No se debe olvidar que el objetivo de Juntos es “que las familias reciban este subsidio por un periodo de tiempo corto y al mismo tiempo sean empoderadas con otros programas sociales orientados a la generación de autonomía”, según la descripción que hace de Juntos el Centro Peruano de Estudios Sociales.

Otra preocupación que genera este tipo de programas es la dependencia que se genera en los beneficiarios, la despreocupación por el desarrollo de niños en edades pre-escolares, los grupos que no se toman en cuenta (indígenas, discapacitados), la baja oferta de servicios de educación y salud de buena calidad, etcétera.

Si bien nadie puede negar los beneficios generados por estos programas, no han logrado su objetivo: que las familias se “independicen”, por lo que el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de revaluar los programas sociales y buscar mecanismos que permitan a todos los peruanos el acceso a las oportunidades. Ello posibilitaría reducir aún más la pobreza y fijar las bases de un desarrollo sostenible de nuestro país.