Reforma electoral. Tal como se esperaba, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE ) dejó fuera de la carrera electoral a los candidatos Julio Guzmán y César Acuña. En el caso de Todos por el Perú, siguiendo el fallo dado semanas atrás, el JNE declaró improcedente la solicitud de inscripción de la fórmula presidencial, debido a que consideró como inválido el Tribunal Nacional Electoral que la eligió. En el caso de Alianza Para el Progreso, el JNE ratificó el fallo del Jurado Electoral Especial (JEE) que excluyó al candidato a la presidencia, por violar la norma que prohíbe entregar dinero a los votantes en un evento proselitista.

Sin duda, estas resoluciones del JNE generan opiniones discrepantes y uno de los afectados ya ha manifestado su intención de recurrir a otras instancias para tratar de modificarlas. La posición de Gestión, reiterada más de una vez en esta columna, ha sido la del respeto a la ley y a los fallos. En ese sentido, todos los actores políticos deben evitar lanzar acusaciones que no estén fundamentadas, pues eso solo le haría daño al país.

Sin embargo, estos fallos y las críticas que se han generado en torno al proceso electoral nos deben servir para, iniciando el nuevo gobierno, proceder a una revisión exhaustiva de las normas electorales, no solo de los aspectos macros, que se han estado revisando en el Congreso como bicameralidad, eliminación del voto preferencial, y que aún no han logrado consensos, sino, sobre todo, de temas que se consideran menores, pero son importantes como plazos y requisitos formales, tal como ha quedado evidenciado en esta oportunidad.

Este proceso electoral ha demostrado, por ejemplo, que es necesario convocar a elecciones con mayor antelación para lograr que las inscripciones queden saneadas por lo menos cuatro meses antes de la fecha de sufragio. Hoy la ley solo permite convocarlas con una anticipación de cinco meses (150 días) y las autoridades no han podido darse los tiempos para resolver los inconvenientes, al punto que recién a un mes de los comicios se está terminado de depurar cuáles son las listas aptas para participar.

El compromiso del nuevo Congreso debe ser dejar de lado sus intereses político-partidarios y trabajar en beneficio de la población y la transparencia de los procesos. La sociedad civil deberá, desde un inicio, exigir esta labor a los próximos parlamentarios.