Inseguridad. De cada cuatro peruanos, tres están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra la inseguridad ciudadana, según la encuesta Pulso Perú de este mes. Esta elevada proporción no hace más que confirmar que la ciudadanía continúa perdiendo la fe en las instituciones que, por mandato de la ley, tienen a su cargo la protección de la población civil.

El Perú no está en guerra con nadie y sería contraproducente que los militares patrullen las calles, pero es comprensible que tantos piensen que ese sería el último recurso para dejar de sentirse bajo estado de sitio. Además, el 46% no cree que se podrá reducir la delincuencia con las facultades legislativas que el Congreso ha otorgado al Ejecutivo, lo cual prueba que la mayoría ya no espera que el gobierno de Ollanta Humala honre una de sus grandes promesas de campaña.

¿Qué se puede esperar de esas facultades? Si las leyes se concentran en tipificar crímenes, aumentar penas y crear entidades de lucha contra la delincuencia, pues habrá que coincidir con quienes ya no creen. Muchas normas similares se han dictado en el pasado, pero ninguna resultó ser efectiva, pues el mayor problema es que las instituciones que deben velar por la seguridad ciudadana carecen de lo más elemental: herramientas para operar con eficiencia y de manera coordinada.

Basta ver las dificultades de la Policía para elaborar atestados para constatar que el sistema está fallando desde lo más básico. ¿Y si se encarga esa tarea a personal civil? Si lo que hace falta es más efectivos en las calles, tenerlos sentados detrás de un escritorio parece un despropósito. La protección de jueces y fiscales –que sufren amenazas de las mafias– es un asunto que pocas veces se menciona, pues la percepción generalizada es que los criminales son liberados porque los magistrados son corruptos. ¿No será que en muchos casos no se trata de codicia sino de miedo?

Los vacíos legales también son parte del problema, de modo que será importante revisar las normas y, también, crear mecanismos para detectar la procedencia de los honorarios que reciben quienes asumen la defensa de los criminales. El Gobierno tiene que aprovechar esta oportunidad y dejar de decepcionarnos.