LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Lo que viene ocurriendo en el caso Odebrecht ha ido mostrando algunos vacíos normativos sobre cómo actuar, por ejemplo, para impedir la fuga de capitales, para evitar la transferencia de propiedad, para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado y que todo ello se realice sin paralizar las obras que el país requiere.

Frente a ello, a través de un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció nuevas medidas del Ejecutivo en la lucha anticorrupción. Entre ellas, destaca la decisión de suspender el derecho de las empresas cuestionadas de realizar transferencias de dinero al exterior, la retención de cualquier pago pendiente que tenga el Estado a favor de estas empresas, y si alguna de ellas desea vender sus bienes el comprador deberá presentar ante el Ministerio de Justicia una solicitud en la que manifieste su interés y deberá depositar en la cuenta del fideicomiso el monto fijado, hasta ese momento, de reparación civil.

Estas medidas buscan ser el primer paso para tratar de prevenir que no se rompa la cadena de pagos, evitar que la población se perjudique con estos actos de corrupción e intentar que el Estado pueda recuperar parte del dinero que le fue sustraído a través de la corrupción, y en ese sentido es saludable. Sin embargo, aún quedan algunos vacíos que será necesario llenar a la brevedad. Por ejemplo, ¿qué criterios tomará en cuenta el Ministerio de Justicia para decidir qué empresa puede o no puede comprar los activos de alguna de las compañías cuestionadas? Para evitar cualquier malentendido, estos criterios deberían ser de conocimiento público en el menor tiempo posible.

Por otro lado, el presidente Kuczynski indicó que todos los contratos de concesión del Estado obligatoriamente incorporarán la cláusula anticorrupción. Se trata de una buena decisión, pero no basta. Por ejemplo, en el caso del gasoducto del sur, la discusión fue si para aplicar la cláusula era necesaria una sentencia judicial consentida, o si con la declaración de uno de los miembros del consorcio era suficiente. Si se requiere de sentencia tomaría mucho tiempo antes que el Estado pudiera dejar sin efecto estas concesiones, con lo cual la medida no sería todo lo eficiente que se cree.
El Gobierno está dando primeros pasos positivos y requiere serenidad para convertirlos en eficientes.