Tradicionalmente, los refugiados económicos han hecho cola para ingresar a Estados Unidos, pero últimamente está ocurriendo lo contrario. En meses recientes, media docena de compañías ha anunciado planes para fusionarse con socios foráneos y, en ese proceso, trasladar sus casas matrices al extranjero.

El motivo es sencillo: los impuestos corporativos son más bajos en Irlanda, Reino Unido y en casi todo lugar fuera de su país.

En Washington, los encargados de la política económica han reaccionado con indignación. El secretario del Tesoro, Jack Lew, ha cuestionado el patriotismo de las compañías y ha pedido al Congreso que prohíba tales operaciones. Sus correligionarios del partido Demócrata está ansiosos de hacerlo y algunos del partido Republicano están dispuestos a escuchar.

Pero las propuestas planteadas están equivocadas pues si bien endurecen las reglas para estas movidas, llamadas “inversiones corporativas”, no hacen nada para hacerle frente a la razón que explica el porqué tantas empresas quieren irse: Estados Unidos tiene el sistema tributario más disfuncional de todo el mundo desarrollado. Lo que se necesita es una reforma a fondo y no nuevas complicaciones.

El impuesto corporativo estadounidense tiene dos serios defectos.

El primero es la tasa (35%), la mayor entre los miembros más ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pese a ello, genera menos recaudación que el promedio de los países de dicho organismo debido a la miríada de vacíos legales y beneficios tributarios —que van desde la inversión en maquinaria hasta las pistas de NASCAR—, que el año pasado sumaron US$ 150,000 millones en ingresos fiscales perdidos, más de la mitad de lo que se recolectó en impuestos corporativos.

El segundo defecto es que Estados Unidos grava las rentas de las compañías sin importar el lugar del mundo donde estas son generadas. En contraste, el resto de países avanzados solo grava la renta obtenida dentro de sus fronteras.

También en este caso, el sistema estadounidense es absurdamente ineficiente en recaudar pues las empresas no tienen que pagar impuestos sobre sus ganancias en el exterior hasta que las traigan de regreso al país.

No es sorprendente pues que muchas no lo hagan: las multinacionales tienen alrededor de US$ 2 millones de millones registrados en los balances generales de sus unidades en el extranjero. Y el monto sigue aumentando.

Todo esto impone enormes costos a la economía. La elevada tasa del impuesto desincentiva la inversión y los vacíos legales la distorsionan, porque las decisiones son tomadas en función de los temas tributarios en lugar de los méritos económicos de los proyectos. Además, la tasa que las compañías efectivamente pagan varía significativamente, dependiendo del tipo de negocio y de la creatividad de sus abogados: algunas pagan cerca de 0% y otras el 35% completo.

Hace veinte años, la inversión corporativa era una práctica rara, pero a medida que otros países recortaron sus tasas de impuestos y las de Estados Unidos no fueron modificadas, el incentivo para fugarse aumentó. Hasta hace una década, Bermuda y otros paraísos fiscales eran los destinos elegidos, pero el Congreso prohibió las inversiones corporativas en las que menos del 20% de la compañía cambiaba de manos.

El partido Demócrata ha propuesto expandir esa prohibición a toda operación donde menos del 50% cambie de manos —de modo que una compañía que ha comprado una empresa foránea más pequeña no pueda reincorporarse en el exterior si sus accionistas originales mantienen el control—.

En el mejor de los casos, esta prohibición sería un paliativo temporal, puesto que una compañía estadounidense que paga impuestos más altos que sus competidoras extranjeras posee un poderoso incentivo para hallar la forma de sacarle la vuelta a la normatividad. Los consultores ya están ideando nuevas vías de elusión en caso de que esta propuesta se convierta en ley.

Hogar, más dulce hogar
La solución es reducir la tasa del impuesto corporativo, eliminar los beneficios y cambiar el sistema tributario estadounidense desde un enfoque mundial —que grava las rentas generadas en cualquier país— a uno territorial. El presidente Barack Obama ha planteado una reforma que reduce la tasa a 28% pero que mantiene el alcance mundial. El congresista republicano Dave Camp ha propuesto 25%, que es el promedio de la OCDE, y un cambio al sistema territorial.

Ambos partidos han atado el tema a otros asuntos pero debe ser posible superar las diferencias de opinión. Por un lado, Obama insiste que la reforma también tiene que recaudar más dinero para gastar en rubros como la infraestructura pública, pero los republicanos se oponen. Estos, por su parte, quieren que forme parte de un paquete que contenga recortes en los impuestos a las personas, algo que Obama se resiste a aceptar. En consecuencia, no se hace nada.

Los dos bandos deben dejar de lado sus condiciones y ponerse de acuerdo en que una reforma de la tributación corporativa que reduzca la tasa y amplíe la base tributaria. Hasta que eso suceda, habrá que esperar que el número de emigrantes corporativos aumente.