Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde la dimisión del procurador anticorrupción Christian Salas, se debería a “presiones políticas”, que tendría relación a la investigación al prófugo Martín Belaunde Lossio y sus vínculos con el Estado.

“Es mala señal porque asumió hace 8 a 10 meses, no cumplió ni el año y entró reemplazando a quien lo sugirió (Julio Arbizu), que súbitamente renuncie da muy mala imagen y hace pensar que ha habido una presión política para sacarlo”, expresó García Belaunde en RPP Noticias.

El legislador de Acción Popular – Frente Amplio recordó que un procurador es un abogado del Estado y no del gobierno de turno.

Anotó que no será fácil encontrar un reemplazo para Christian Salas, pues -dijo- no se puede entrar y salir súbitamente de esa función, aunque no le pareció mala idea que el procurador adjunto Joel Segura asuma el puesto vacante.

“La procuraduría es cierta actividad especializada que requiere un compromiso y un conocimiento de causas, si se saca y pone cada 10 meses a un procurador, los que entran y salen sin mayor conocimiento ni pueden leer completo el expediente”, manifestó.

Por su parte, la parlamentaria Lourdes Alcorta consideró muy confusa las circunstancias que renuncia Salas Beteta.

“La situación está tan confusa que uno ya no sabe si es estrategia, la cosa está muy complicada, está presionado o hasta está complicado con el tema. Es poderosamente extraña una renuncia en investigaciones a Belaunde Lossio y que está tocando la entraña del Ejecutivo”, aseveró.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) aceptó el último sábado la renuncia del procurador público especializado en Delitos de Corrupción, Christian Salas Beteta, según indica una resolución suprema publicada el 29 de noviembre.

El dispositivo, que aparece en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, refiere que se la da las gracias por los servicios prestados a la Nación.

Como se recuerda, Salas Beteta reemplazó en el cargo a Julio Arbizu a inicios de este año.

En la parte considerativa de la resolución suprema, señala que el referido funcionario presentó su carta de renuncia el pasado 27 de octubre y que fue el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que propuso aceptar su solicitud.