La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentó una demanda de Acción Popular ante el Poder Judicial para que, según indica, en salvaguarda del ordenamiento jurídico, declare ilegal la resolución emitida el año pasado y que amplia facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Según precisa la entidad con la Resolución Directoral Ejecutiva 085-2015/APCI-DE publicada en mayo de 2015, se extendió las competencias de la organización dedicada a supervisar la cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado hacia las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Con la norma se incorporaron nuevos requisitos para la supervisión de las ONG, excediendo e infringiendo así lo dispuesto en la Ley de creación de la APCI, la cual incluso ya ha sido revisada por el Tribunal Constitucional vulnerando la libertad de asociación de las ONG”, afirma la CNDDHH en un comunicado de prensa.

Intentamos conocer la posición de la APCI sobre la demanda judicial interpuesta, pero nunca contestaron las llamadas realizadas

La CNDDHH fundamenta su posición señalando que “los nuevos requisitos de supervisión es en el fondo un intento encubierto de controlar las acciones y resultados de los proyectos y programas de las ONG, lo cual atenta contra nuestro derecho constitucional a la libre asociación, derecho reconocido la Constitución Política del Perú, así como en el artículo 22° del Pacto Internacional Derechos Civiles y Políticos y el artículo 16° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.