La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la contratación del servicio de reparación e inspección de cuatro aeronaves por parte de la Escuela de Aviación Civil (Edaci) de la Fuerza Aérea del Perú en el 2013, que habrían ocasionado un perjuicio económico por S/. 1’500,400.

Una comisión auditora identificó irregularidades en la elaboración del requerimiento y en el estudio de mercado del referido servicio, en la suscripción de los contratos, en el otorgamiento de las conformidades del servicio contratado y en el trámite del pago del monto contractual.

Se evidenció que el Director de la Escuela de Aviación Civil junto al representante legal de la empresa ganadora de la buena pro suscribieron los contratos, 14 días hábiles después de haberse vencido el plazo para la presentación de los documentos necesarios para dicha firma, es decir cuando de acuerdo a las normas la empresa ya había perdido automáticamente la buena pro del proceso de selección.

Asimismo, el Jefe del Departamento de Mantenimiento, el Jefe del Departamento de Abastecimiento y el mencionado representante legal suscribieron cuatro actas de recepción y conformidad del servicio, dos días después del vencimiento del plazo previsto para la referida prestación, sin que se haya acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos, que la prestación haya culminado y pese a que las aeronaves se encontraban inoperativas.

Sin embargo, las actas no fueron el único documento de conformidad. Incluso antes de la suscripción de las actas, los mencionados funcionarios junto al Jefe del Departamento de Finanzas y el Director de la Escuela de Aviación Civil certificaron la recepción del servicio, inclusive se encontraban tramitando el pago de S/. 1 500 400 a favor de la empresa.

En el examen especial también se detectó que el Jefe del Departamento de Mantenimiento remitió los términos de referencia sin contar previamente con los estudios y/o informes técnicos de viabilidad costo – beneficio de las aeronaves y sin que se efectuará la identificación plena de cada una de ellas, al no consignar el número de serie de fabricación, ni el número de certificado tipo.

De igual modo, se determinó que cuando se efectuó el requerimiento del servicio de reparación e inspección de las cuatro aeronaves, dos de ellas se encontraban con las matrículas canceladas y además estaban gravadas a favor de la Dirección General de Aeronáutica Civil y no de la Escuela de Aviación Civil del Perú. En la actualidad ambas aeronaves no cuentan con el respectivo certificado de aeronavegabilidad.

A pesar de lo anteriormente expuesto, el Director de la EDACI tramitó el pago total de S/. 1 500 400, en favor de la empresa ganadora de la buena pro antes de la suscripción de la conformidad del servicio, sin corroborar la culminación de la prestación del servicio, ni el cumplimiento de las condiciones pactadas. Las cuatro aeronaves en mención a la fecha de la culminación de la acción de control se encontraban inoperativas.

Los hechos descritos evidencian indicios razonables del delito de Colusión Ilegal Agravada por lo que la Procuraduría Pública de La Contraloría denunció ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima a cinco involucrados en el caso, incluyendo al representante legal de la empresa