Sigue la polémica en el Callao. Nueve exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao, pretenden evadir una sanción administrativa impuesta por la Contraloría General por faltas graves y muy graves, a través de un Habeas Corpus interpuesto ante el Juzgado de Paz Letrado Con Funciones de Investigación Preparatoria de Los Órganos, ubicado en la Corte Superior de Justicia de Sullana, en Piura.

Así, en el Proceso Administrativo Sancionador de la Contraloría General, en primera instancia, los involucrados recibieron entre 4 a 5 años de inhabilitación para laborar en el Estado por el caso de la simulación de una capacitación docente, autorizada por los exfuncionarios que laboraban en el Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao-CAFED, entidad del gobierno regional.

La capacitación, denuncia la Contraloría, nunca se realizó y ocasionó al Estado un perjuicio de 6 millones de soles en los años 2011 y 2012.
La demanda contra el proceso administrativo de la Contraloría General la presentó el exgerente de Asesoría Jurídica del CAFED, Luis José Calderón Vargas.

Así, el caso fue atendido por el juez Juan José Albán Parra, quien en un hecho inusual, en la sentencia de primera instancia, anuló todo el proceso con lo que no solo estaría liberando de la sanción al demandante sino que extendió el Habeas Corpus a favor de otros ocho exfuncionarios regionales implicados en el caso, sin que lo hayan solicitado ni interpuesto acción o tutela jurisdiccional.

En un principio, los involucrados habían apelado la inhabilitación ante el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativas de la Contraloría General, que realiza hoy una audiencia para escuchar los descargos de los 13 administrados involucrados en este caso.

Para la Contraloría General, esta decisión judicial afecta sus competencias y autonomía establecidas en el artículo 82° de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, modificada por la Ley N° 29622, y las facultades otorgadas al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

Cabe precisar, que la decisión del Juzgado fue oportunamente impugnada por la Procuraduría Pública de la Contraloría, sin perjuicio del ejercicio de las demás acciones que corresponden de acuerdo a ley en defensa de la autonomía del Órgano Rector del Sistema Nacional de Control.

Uno de los funcionarios sancionados administrativamente por la Contraloría por este caso es Walter Mori, actual gobernador regional (e). Sin embargo, no está comprendido entre los beneficiados con el Habeas Corpus.