El gasto público se intensifica y programas sociales abundan. Y para hacerlos más efectivos se necesita incluir la voz del propio beneficiario mediante el monitoreo y evaluación por resultados del proyecto.
Este enfoque en la gestión pública de programas de asistencia social implica la revisión constante del mismo y la ejecución de modificaciones del proyecto en el proceso de implementación. Así, se toma en cuenta la aceptación del producto o servicio ofrecido por el Estado a los beneficiarios.
“La voz del beneficiario es importante. Realmente es su experiencia la que puede lograr que estos programas sea más eficaces. Son percepciones válidas porque se fundamentan en algo que no está dentro de la gestión del Estado… Se suma una visión externa que permite ampliar el campo de análisis. A la forma tradicional de analizar el gasto público se le genera otro tipo de análisis que lo enriquece”, explica Andrea Calvaruso, especialista en monitoreo y evaluación de Unops (United Nations Office for Project Services).
Así, el enfoque garantiza que lo que se está produciendo y distribuyendo sea de la calidad adecuada pues, al analizar los resultados, se genera información sobre la eficacia de estos programas.
En este cambio, el funcionario público cumple un rol importante porque se ve en la necesidad de crear espacios de diálogo con la población. “Generar este canal de diálogo se convierte en un instrumento de gestión de la política pública… Los beneficiarios son parte de la jugada, parte de la implementación”, indica el funcionario de las Naciones Unidas.
Calvaruso sostiene que este enfoque ya se trabaja desde hace mucho en el sector privado y que, en el público, es necesario pasar de la teoría a la práctica. Cualquier programa social es adaptable, solo se precisa construir indicadores adecuados a cada contexto.
“Aunque ha crecido mucho el tema de monitoreo y evaluación, todavía hay una dificultad de volverlas parte del proceso de implementación”, señaló en un taller organizado por la oficina de la ONU en Perú, en el que participaron más de 70 funcionarios de diversas entidades estatales.