El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, hizo un llamado a los dirigentes y a la ciudadanía de las regiones que han anunciado plegarse al paro convocado para los días 27 y 28, contra el proyecto minero “Tía María”, a que respeten los derechos de las personas que no participan de esta medida y eviten cualquier acto de hostilización o agresión que pueda afectar valores como la vida, la integridad, la tranquilidad, entre otros.

Como es de conocimiento público, un conjunto de organizaciones vienen respaldando una nueva jornada de protestas en la provincia de Islay contra el proyecto minero en mención y se ha anunciado que esta medida se extenderá a la región Arequipa y a las regiones de Apurímac, Moquegua, Tacna, Puno, Ayacucho y Cajamarca, lo que amplía el escenario de riesgo para la población ante posibles actos de violencia, tal como los producidos en la ciudad arequipeña hace unos días, añadió Vega.

Fuerzas del orden
Del mismo modo, exhortó a las fuerzas del orden a privilegiar las acciones de inteligencia y disuasivas y recordó que el uso de la fuerza se debe hacer, siempre, de manera proporcional y necesaria de acuerdo con los Principios de Naciones Unidas.

Cabe recordar que el conflicto social en Islay ha dejado cuatro muertos en enfrentamientos (tres civiles y un policía); aproximadamente 300 heridos, 50 familias refugiadas en la ciudad de Arequipa, actividades paralizadas, clases escolares suspendidas, daños materiales y desabastecimiento.

“La violencia a la que se ha llegado es inaceptable. Esperamos que las relaciones se puedan reconstruir entre todos los actores y se pueda reiniciar el diálogo”, señaló el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo recuerda que en la provincia de Islay -declarada en estado de emergencia desde el día sábado- la población tiene suspendidos sus derechos de reunión y tránsito.

En ese sentido, “sería una situación muy crítica si algunos grupos desafiaran el estado de emergencia. La Policía debe estar preparada para una circunstancia así, considerando en todo momento el respeto a los derechos”, advirtió el Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque.

La Defensoría del Pueblo ha previsto que sus oficinas en las regiones que se unirían al paro macroregional se mantengan en alerta permanente, sostengan reuniones con autoridades para evaluar la situación y actúen de inmediato en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales.